Johan Quesnay

espacio de difusión y debate de temas jurídicos

Problemas de motivación en sede constitucional

PROBLEMAS DE MOTIVACIÓN EN SEDE CONSTITUCIONAL

EDWIN FIGUEROA GUTARRA[1]

 Edwin

Introducción. Resumen. 1. Descripción del problema. 1.1. Ideas previas. 1.2. Enfoque científico de la investigación en desarrollo. 2. Desarrollo del tema. 2.1. Contexto doctrinario del tema en análisis: la argumentación constitucional hoy. 2.2. Argumentación y motivación. 3. Caso a analizar: STC 00728-2008-PHC/TC Caso Giuliana Llamoja. 3. 1. Antecedentes de normativa relacionada al tema. 3.1.1. A nivel constitucional. 3.1.2. A nivel de normas. 3.2. Descripción del caso. 3.3. Juicio valorativo fáctico de la demandante. 3.4. ¿Cuándo un proceso de habeas corpus es improcedente?. 3.5. Argumentos del Tribunal Constitucional. 3.5.1. Canon para el control constitucional de las resoluciones judiciales. 3.5.2. Motivación exigible. 3.5.3. Escenarios contradictorios a una debida motivación. a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. b) Falta de motivación interna del razonamiento. c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. d) La motivación insuficiente. e) La motivación sustancialmente incongruente. 3.5.4. Contradicciones determinadas por el Tribunal en la sentencia de la Corte Suprema, sometida a examen. 3.5.4.1. Falta de corrección lógica. 3.5.4.2. Falta de coherencia narrativa. 3.5.4.3. Falta de justificación externa. 3.5.4.4. El examen de la prueba indiciaria. 3.6. Decisión del Tribunal. 3.7. Implicancias de una sentencia estimatoria en el proceso de habeas corpus. 4. Jurisprudencia constitucional vinculada al tema. 4.1. Jurisprudencia constitucional nacional. 4.1.1. STC 01480-2006-PA/TC Caso Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador. 4.1.2. STC 3943-2006-PA/TC. Caso Juan de Dios Valle Molina. 4.1.3. STC 0090-2004-AA/TC. Caso Juan Carlos Callegari Herazo. 4.1.4. STC 3361-2004-AA/TC. Caso Jaime Amado Álvarez Guillén. 4.2. Jurisprudencia comparada. 4.2.1. La motivación en el Tribunal Constitucional español. 4.2.1.1. Sentencia del Tribunal Constitucional español N. º 229/1988, de fecha 01 de diciembre de 1988. 4.2.1.2. Sentencia del Tribunal Constitucional español N. º 1145/1987, de fecha 22 de diciembre de 1988. 4.2.1.3. Sentencia del Tribunal Constitucional español N. º 28/1994, de fecha 27 de enero de 1994. 4.2.1.4. Sentencia del Tribunal Constitucional español N. º 177/1994, de fecha 10 de junio de 1994. 5. Conclusiones. Bibliografía

 

Introducción

La resolución de conflictos constitucionales exige la concurrencia de normas y principios constitucionales de forma imbricada, muchas veces aludiendo a una necesaria ductibilidad a fin de que, a falta de normas determinadas, los principios funcionen como juicio habilitante y otras veces, en forma conjunta. Más aún, si los derechos fundamentales no pueden ser categorizados como absolutos, entonces funcionan barómetros y criterios interpretativos que deben satisfacer un requisito de sujeción a la Constitución.

En relación a esta idea Zagrebelsky[2] afirma: “El Estado constitucional (…) no admite la ciega aplicación de un solo principio o valor constitucional. La imposición de una sola norma constitucional sin tener en consideración los demás principios constitucionales es una aplicación que rompe el sentido propio del Estado constitucional. Es más, la sola invocación de la primacía de la Constitución como criterio y justificación para determinada decisión resulta vacía de contenido. El Estado constitucional exige que la justificación de las decisiones encuentre sentido en función de los valores que, en su conjunto, sostienen el Estado constitucional. La sola invocación del criterio formal sin alusión alguna al criterio material que supone el Estado constitucional, no es más que una arbitraria consecuencia del enunciado de una alegada supremacía normativa sin atender a los valores y principios que inspiran el sistema. La aplicación de un determinado criterio invocando la sola primacía de la Constitución desatendiendo los valores constitucionales, se presenta frente a la sociedad pluralista como la implacable y arbitraria decisión obligatoria del monarca representativo del Estado absolutista o la ciega aplicación de la ley propia del juez positivista que la aplica por su solo valor formal, sin discernir sobre su contenido ni sobre la razonabilidad de su aplicación”.

 La cita de Zagrebelsky nos va a ser de suma utilidad para fijar los ejes de razonamiento del presente ensayo sobre la base de que la interpretación constitucional forma niveles, relaciones y enlaces a través de los cuales, los enunciados interpretativos deberán observar que las normas y principios no resultan absolutos y que una marcada característica de ellos es la ductibilidad, la misma que a su vez podemos entender como la no existencia de derechos absolutos, reflexión que va a marcar el ritmo de nuestro trabajo.

Si el conflicto que debemos resolver los jueces, encuentra solución en la norma, entonces opera una forma de silogismo jurídico en donde identificamos una proposición normativa( la norma jurídica), las premisas fácticas( los supuestos de hecho enunciados en el caso), y una conclusión( decisión o consecuencia jurídica). De otro lado, podemos implicar en nuestro juicio diversos principios de interpretación constitucional.

Konrad Hesse[3], autor cuyos lineamientos en materia de principios de interpretación, son seguidos por el Tribunal Constitucional, enuncia diversos principios de interpretación constitucional. Una ejecutoria del Tribunal[4], a propósito del conflicto de zonas de exención constitucional surgido con el Jurado Nacional de Elecciones, nos señala ilustrativamente los mismos:

1. Principio de unidad de la Constitución: Según Hesse[5], “la Constitución debe estar orientada a considerarla como un “todo” armónico y sistemático, a partir del cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto.” La implicancia directa es que aún así existan un número indeterminado de normas, todas ellas forman una unidad o conjunto unitario, y todas ellas se subordinan a la Constitución.

2. Principio de concordancia práctica: Respecto de este principio establece Hesse[6]: “ (…) toda aparente tensión entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta “optimizando” su interpretación, es decir, sin “sacrificar” ninguno de los valores, derechos o principios concernidos, y teniendo presente que, en última instancia, todo precepto constitucional, incluso aquellos pertenecientes a la denominada “Constitución orgánica” se encuentran reconducidos a la protección de los derechos fundamentales, como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana, cuya defensa y respeto es el fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1º de la Constitución).”

La idea es relevante, en razón de que debemos concordar los valores constitucionales y así evitar contradicciones manifiestas. Existe similitud con el método comparativo o sistemático de interpretación del derecho a fin de establecer una simetría de la decisión, o bien podemos aquí incluso inferir la teoría armonizadora de derechos fundamentales que propone Luis Castillo Córdova[7]. Este autor desestima la técnica de la ponderación como método de resolución de conflictos constitucionales y la denomina tesis conflictivista, en atención a que se infravalora un derecho fundamental en favor de otro. Propone, por el contrario, “la unidad y coherencia del hombre como base del entendimiento de los derechos y el principio de unidad de la Constitución como favorecedor de una interpretación armoniosa”, como elementos de su teoría armonizadora.

3. Principio de corrección funcional: De acuerdo a Hesse[8]: “Este principio exige al juez constitucional que, al realizar su labor de interpretación, no desvirtúe las funciones y competencias que el Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de modo tal que el equilibrio inherente al Estado Constitucional, como presupuesto del respeto de los derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado.”

No desvirtuar funciones y competencias implica mantener las competencias constitucionales de los órganos previstos por la Constitución. Sin embargo, ocurrido un conflicto de derechos fundamentales, prevemos que un derecho deberá ceder a favor del otro. En otros términos, no le restamos competencias al órgano constitucional sino simplemente las mismas ceden en forma temporal ante el conflicto constitucional.

4. El principio de función integradora: Señala el autor[9]: “El “producto” de la interpretación sólo podrá ser considerado como válido en la medida que contribuya a integrar, pacificar y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y las de éstos con la sociedad.”

Aquí se configura un margen de duda: si ese denominado “producto” no contribuye a integrar, pacificar u ordenar, ¿entonces no es válida su interpretación? Consideramos aquí necesario un mayor desarrollo jurisprudencial mas creemos, en forma inicial, que debería validarse la interpretación efectuada aún cuando no exista un aporte de pacificación. Sustentamos esta idea en que los conflictos entre derechos fundamentales suponen per se discusión abierta entre los mismos, tesis que adopta la ponderación de derechos que adoptan varios pronunciamientos[10] del supremo intérprete de la Constitución.

5. Principio de fuerza normativa de la Constitución: Finalmente señala Hesse[11]: “La interpretación constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de la Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no sólo parcialmente. Esta vinculación alcanza a todo poder público (incluyendo, desde luego, a este Tribunal) y a la sociedad en su conjunto.

Como argumento conclusivo, corresponde señalar que este principio se identifica en la naturaleza imperativa de la Carta Magna como norma de normas. No obstante ello, conforme a la cita de Zagrebelsky, debemos cuidar de concordar esta idea con la tesis de ineficacia o bien ductibilidad de los derechos fundamentales, los cuales cederán en ciertas circunstancias especiales.

Estos principios representan, en conjunto, un fundamento base y sirven de orientación preliminar para determinar la solución de las controversias a resolver. La tarea a acometer, sin embargo, no resulta siempre sencilla en atención a que los conflictos entre derechos fundamentales revisten, usualmente, muchos aspectos complejos que necesitan solución a través de diversas herramientas interpretativas. Es así que en esa difícil, exigente y formativa responsabilidad de emitir decisiones, unas veces por falta de herramientas interpretativas adecuadas y otras por la omisión de un conocimiento técnico necesario vinculado a la defensa de los derechos fundamentales previstos en nuestra Lex Legum, ciertas decisiones judiciales incurren en serios problemas argumentativos y de motivación que debemos procurar evitar.

Nos vemos, enfrentados, en consecuencia, a un sinnúmero de escenarios adversos, que la doctrina en argumentación constitucional[12] ha clasificado como problemas de motivación aparente, de falta de motivación interna del razonamiento, de deficiencias en la motivación externa, de motivación insuficiente o su variante cercana, de motivación sustancialmente incongruente, entre otros. Frente a estas “patologías jurídicas”, como las denomina Carlos Matheus López[13], se hace necesario asumir una posición de profundo análisis a fin de no incurrir en las mismas, en nuestro trabajo diario en el Despacho Judicial.

 

Resumen del tema a tratar

En el sentido de las ideas expuestas, esta investigación jurídica proyecta un estudio preliminar de las situaciones de controversia respecto al tema de la motivación judicial desde una perspectiva constitucional, a partir de la sentencia 00728-2008-PHC/TC, de fecha 13 de octubre de 2008, caso Giuliana Llamoja Hilares, la cual enfoca el problema de la motivación como una cuestión central en la resolución de incertidumbres jurídicas que afectan los derechos fundamentales de la persona.

La justificación del tema resulta igualmente trascendente en consideración a que se trata de conflictos a los cuales a diario los jueces nos vemos enfrentados. Unas veces nos dedicamos al estudio fáctico del caso desde la premisa de que la Constitución brindará la respuesta al problema suscitado. O bien habrá que acudir al catálogo de principios de interpretación constitucional de Konrad Hesse[14], a falta de reglas claras a nivel de normas. Otras veces, utilizaremos técnicas de interpretación constitucional más sofisticadas para resolver la incertidumbre jurídica constitucional, como resultan ser la ponderación y el principio de proporcionalidad. Sin embargo, lo real, relevante y objetivo es que no obstante la tarea de análisis interpretativo que desarrollamos, en algunas ocasiones el conflicto de motivación se presenta en la decisión jurisdiccional emitida y se trasunta el mismo cuando en sede constitucional las sentencias estimatorias determinan la concesión de tutela de urgencia por afectaciones manifiestas a la libertad individual o derechos conexos a ella, en los casos de habeas corpus, o de otros derechos fundamentales contemplados por el ordenamiento jurídico constitucional, cuando se trata del proceso de amparo.

 

1. Descripción del problema

 

1.1. Ideas previas

El problema al cual se enfrenta el juez constitucional, para fines de este estudio, resulta concreto: existen decisiones jurisdiccionales cuya motivación no resulta satisfactoria y es lo que sustancialmente deseamos evitar.

No aspiramos a convertir este estudio en un catálogo de contextos que los jueces ordinarios y constitucionales, deben evitar en su diario quehacer en defensa de los derechos con contenido constitucionalmente protegido, mas sí resulta relevante convertirnos en punto de partida de ideas preliminares para describir, con un propósito académico de buena voluntad, aquello que no debe ocurrir en sede ordinaria y constitucional, más aún cuando la vía de tutela de urgencia como lo es la especialidad constitucional, se convierte no en una supradisciplina que debe terminar por analizar todo lo que hace la justicia ordinaria, sino en vía habilitada para dejar sin efecto las decisiones de la justicia ordinaria cuando ésta incurre en manifiesta, evidente y sustancial afectación de un derecho constitucional, como en el presente caso lo constituye el derecho al debido proceso en su manifestación del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Para ello, la sentencia en mención constituirá nuestro eje de trabajo siempre en concordancia con los principios constitucionales que emanan de nuestra Carta Magna.

Se hace necesario, entonces, partir de la idea base de aquello que no debe ocurrirnos como jueces cuando impartimos justicia, así como extraemos como reflexión que debemos cuidar que nuestra argumentación en sede ordinaria y constitucional resulte suficientemente cuidadosa en términos de esquematización del conflicto a resolver.

El juez debe evitar que la utilización de los mecanismos de interpretación constitucional, que omiten un uso debido de los argumentos jurídicos necesarios, terminen en sentencias que en sede constitucional, resulten estimadas, es decir, que concedan tutela por afectación manifiesta a un derecho fundamental.

En síntesis, el presente trabajo se orienta a definir los esquemas interpretativos a los cuales no debemos llegar, es decir, aquello que no debemos hacer en sede ordinaria o constitucional.

Señala Roger Zavaleta[15], a propósito de la discrecionalidad de los jueces:

“Los jueces gozan de un margen discrecional para tomar sus decisiones, pero esa discrecionalidad o potestad de elegir una entre varias alternativas, o de decidir en base a la única solución legítima al conflicto, no debe ser ejercida de manera arbitraria. La razonabilidad es el criterio demarcatorio de la discrecionalidad frente a la arbitrariedad. Y como la motivación es el vehículo por el cual el juez manifiesta la razonabilidad de su decisión, ella debe reflejar su raciocinio y la justificación del resultado. El juez debe decidir dentro de los límites en los que puede motivar; no aquello sobre lo que no puede dar razones (…) El asunto es: ¿cuándo la discrecionalidad judicial sobrepasa la frontera de lo razonable para convertirse en un proceder arbitrario? o, mejor, ¿cuándo podemos sostener que estamos en presencia de una solución irrazonable? Una decisión judicial es irrazonable, en términos amplios, cuando no respeta los principios de la lógica formal; contiene apreciaciones dogmáticas o proposiciones sin ninguna conexión con el caso; no es claro respecto a qué decide, por qué decide y contra quién decide; no se funda en los hechos expuestos, en las pruebas aportadas, así como en las normas o los principios jurídicos; y, en general, cuándo contiene errores de juicio o de procedimiento que cambian los parámetros y el resultado de la decisión. “

La pauta señalada nos sirve de referencia para delimitar aquello que pretendemos hacer los jueces al resolver un conflicto: evitar la arbitrariedad. El sustento constitucional de esta prohibición se encuentra recogido en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución del Estado y en buena cuenta resume aquello contra lo cual nos preparamos los jueces al decidir conflictos: evitar decisiones arbitrarias. Sin embargo, ¿cuál es el margen para determinar cuándo estamos ante una decisión congruente, explícita y suficiente en argumentos y cuándo ante una decisión arbitraria? A nuestro juicio, tal barómetro responde al contexto de la necesaria motivación de las decisiones judiciales. Mientras mejor motivada se encuentra una decisión, mayor será la legitimidad del decisor racional ante la sociedad y por el contrario, un juicio de valor arbitrario, carente de sustento normativo y constitucional, resultará reprobable para el ordenamiento jurídico y deberá ser objeto de desaprobación.

De otro lado, los métodos, criterios y técnicas interpretativas apuntan a reducir al menor margen posible la discrecionalidad del juzgador. Sería vano alegar que el juez no goza de un margen de decisión, en razón de que la propia norma le confiere un estándar de gradualidad en su decisión. Sin embargo, la motivación prolijamente desarrollada nos lleva a concluir que el margen de discrecionalidad de nuestra decisión sea menor.

 

1.2. Enfoque científico de la investigación en desarrollo

Para este efecto, como investigación propiamente dicha, nos parece prudente, dado el carácter de la ponencia que desarrollamos, precisar nuestras hipótesis de trabajo, las cuales residen fundamentalmente en que:

a) Los jueces ordinarios y constitucionales enfrentan continuamente problemas de argumentación y motivación en el discernimiento de los conflictos vinculados a derechos fundamentales;

b) Las razones de una argumentación inadecuada tienen su explicación en un déficit argumentativo suficiente de los conflictos a resolver;

c) Diversas decisiones en sede ordinaria y constitucional verifican problemas de argumentación, haciendo exigible la emisión de nuevas sentencias, a fin de subsanar las afectaciones constitucionales verificadas. Esta situación causa dilación en los procesos.

En calidad de variables del trabajo a desarrollar encontramos las siguientes:

a) Posición garantista argumentativa del Tribunal Constitucional peruano;

b) Prevalencia del derecho fundamental al debido proceso en su expresión de motivación de las resoluciones judiciales;

c) Juicios valorativos de debida motivación en sede constitucional;

d) Argumentación y motivación como temas concurrentes;

e) La congruencia como requisito para una correcta motivación;

f) Análisis valorativos de contexto garantista en la jurisprudencia comparada respecto a la debida motivación de decisiones judiciales.

Como tesis principal de trabajo pretendemos sostener que una formación con marcada incidencia en el rol garantista de los derechos fundamentales, así como un entrenamiento continuo en la adopción de herramientas de argumentación y motivación en sede ordinaria y constitucional, nos van a permitir ejercer, en forma óptima, nuestro rol de decisores jurisdiccionales y garantes de la Constitución.

 

2. Desarrollo del tema

2.1. Contexto doctrinario del tema en análisis: la argumentación constitucional hoy

El Derecho Constitucional desde sus inicios ha sido concebido como un medio de control. Manuel Aragón[16], en un estudio sobre el tema señala que: “Hablar de Constitución tiene sentido cuando se la concibe como un elemento de limitación y control del poder. Efectivamente, el control es un elemento inseparable del concepto de Constitución si se quiere dotar de operatividad al mismo, es decir, si se pretende que la Constitución se “realice”, en expresión, bien conocida, de Hesse, o dicho en otras palabras, si la Constitución es norma y no pura entelequia o desnuda vaciedad”.

El contexto histórico referido por el autor resulta muy ilustrativo en razón de que partimos de la premisa de que la Constitución sirve para regular la conducta de todos los ciudadanos y en especial de los poderes del Estado. Los jueces ordinarios, y al referirnos a ordinarios no hacemos más que aludir a la justicia que no es constitucional, cuando decidimos causas, ejercemos una verificación de control de los actos de los poderes y en tal sentido, determinamos si sus decisiones se ajustan a derecho o no.

El concepto de control tiene una estrecha relación con la teoría de separación de poderes. Si bien hemos partido siempre de que la teoría de separación de poderes implicó una distribución propiamente dicha a fin de que cada poder del Estado ejerciera sus atribuciones, la tesis que plantea Montesquieu reside sustancialmente en una propuesta de equilibrio de poderes, en la cual la interrelación entre poderes resulta muy estrecha. Entonces resulta inapropiado referirnos a separación y sí a equilibrio. Así señala Aragón[17]: “Montesquieu no predica, en su división de poderes, una radical separación entre ellos que diese lugar a una pluralidad de actividades estatales dislocadas, sin conexión alguna y sin capacidad de frenarse mutuamente; por el contrario, la conexión es parte inescindible de su teoría de la división, pues de otra forma el poder no frenaría al poder

Consecuentemente, las decisiones constitucionales de carácter jurisdiccional desarrollan uno de los fines primordiales de toda Constitución, cual es limitar los excesos del poder. Y si bien es cierto que ningún poder acepta de plano una función de control, las reglas de convivencia en un Estado hoy constitucional, o neoconstitucional en términos de Prieto Sanchís[18], exigen que en la perspectiva de un equilibrio razonado de poderes, éstos recíprocamente se interrelacionen y se frenen entre sí. Entonces, no es propio referirnos a una estricta separación de poderes que involucre autarquía de cada uno de ellos respecto del otro, sino un equilibrio ponderado como división interconectada de poderes.

Por ende, si una decisión jurisdiccional firme afecta derechos fundamentales, consideremos la previsión de que el órgano constitucional contralor de la constitucionalidad, emitirá una decisión de control, buscando encontrar el equilibrio que la afectación constitucional supone. En esa forma, desestimará la resolución afectada de inconstitucionalidad y ordenará la reparación del daño causado.

 

2.2. Argumentación y motivación

La argumentación según Atienza[19] supone efectuar una distinción entre tres tipos de concepciones de la argumentación y señala: “La concepción formal ve la argumentación como una serie de enunciados sin interpretar (en el sentido de que se hace abstracción del contenido de verdad o de corrección de las premisas y de la conclusión). Para la concepción material, lo esencial no es la forma de los enunciados, sino aquello que los hace verdaderos o correctos; responde al problema de en qué debemos creer o qué debemos hacer (…). Finalmente, la concepción pragmática contempla la argumentación como un tipo de actividad (una serie de actos de lenguaje) dirigidos a lograr la persuasión de un auditorio (…).”

La idea esbozada es muy ilustrativa en la medida que refiere la argumentación como una tarea de adopción de razones explicativas en diversos niveles. Cuando argumentamos, entonces, brindamos fundamentos, construimos un esquema de explicaciones. La motivación, por su lado, involucra un armazón organizativo- racional de la decisión del juzgador. Refiere Marina Gascón Abellán[20]: “El instrumento jurídico enderezado a garantizar que el poder actúe racionalmente y dentro de unos límites, es la motivación, que representa “el signo más importante y típico de “racionalización” de la función judicial”[21]. La motivación es justificación, exposición de “las razones que el órgano en cuestión ha dado para mostrar que su decisión es correcta o aceptable[22].

Argumentación y motivación no se excluyen mutuamente, a tenor de lo expuesto líneas atrás. Ambas pueden ser conceptuadas como ejes del razonamiento jurídico y su diferencia no es sustancial sino contextual. El abogado argumenta, construye proposiciones, brinda razones al juzgador; el juez, a su vez, puede adoptar o no dichos argumentos para luego construir la decisión judicial cuyo ejercicio de motivación es imprescindible.

 

3. Caso a analizar: STC 00728-2008-PHC/TC Caso Giuliana Llamoja

3.1. Antecedentes de normativa relacionada al tema

3.1.1. A nivel constitucional

El artículo 139 de la Constitución señala: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (..) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.”

Los principios y derechos constituyen bases de la función jurisdiccional, implican lineamientos sobre los cuales se organiza el Poder Judicial para el ejercicio de sus funciones. En nuestro concepto, un término razonable es el de garantías, en atención a que de una lectura minuciosa de los enunciados de la normativa constitucional en este artículo, las garantías descritas constituyen para el ciudadano que accede a solicitar el servicio de justicia, que el juez no exceda los límites determinados por este enunciado constitucional. En el caso en comento, el derecho a la motivación de una resolución judicial, implica que el juez no se exceda en los alcances de una debida motivación y todo exceso o escenario contradictorio, involucrará una potencial demanda de tutela urgente.

 

3.1.2. A nivel de normas

Referirnos a la Ley de Carrera Judicial implica una manifestación divergente, de extremos opuestos. De un lado, es muy positivo que Perú haya adoptado la política seria de establecer un cuerpo normativo que identifique la carrera del juez. En efecto, la Ley 29277- Ley de Carrera Judicial- publicada el 07 de noviembre de 2008, resulta esquemáticamente muy interesante. Asume con objetividad la premisa de organizar el trabajo del juez de manera sistemática, definiendo el ingreso, la permanencia y terminación del cargo de juez. Apunta la norma a pretender perfilar un buen juez y para ello, asumimos que se requiere un buen abogado, siendo necesario anotar que [23]“el mejor abogado no necesariamente es el mejor juez; sin embargo, el mejor abogado es la materia prima para formar los mejores profesionales en la administración de justicia”.

 

Resulta importante enfatizar que la Ley de Carrera Judicial significa una adopción sistemática de organización de la carrera del juez. Ya disponíamos de un pauteo previo pues en forma previa a la dación de esta nueva norma, ya existían disposiciones, aunque por cierto dispersas, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, el Reglamento de la Oficina de Control de la Magistratura, entre otros cuerpos normativos.

Sin embargo, bajo una óptica aglutinante, constituye en definitiva un avance sustancial que tras varios años y logros parciales, hoy la Ley 29277 se perfile en perspectiva para que después de una vacatio legis de 180 días desde su fecha de publicación- 07 de noviembre de 2008- entre en vigencia bajo la premisa de una ordenada sistematización de la carrera judicial.

Las principales características del perfil del juez conforme al artículo dos de la Ley 29277- Ley de Carrera Judicial- son:

  • “ Formación jurídica sólida;
  • Capacidad para interpretar y razonar jurídicamente a partir de casos concretos;
  • Aptitud para identificar los conflictos sociales bajo juzgamiento;
  • Conocimiento de la organización y el Despacho Judicial;
  • Independencia y autonomía en el ejercicio de la función y defensa del Estado de Derecho;
  • Conocimiento de la realidad nacional y prácticas culturales del lugar donde el juez desempeña su función;
  • Propensión al perfeccionamiento del sistema de justicia;
  • Trayectoria personal éticamente irreprochable”.

Resulta importante engarzar este perfil del juez, como arquetipo que se pretende alcanzar, con los aspectos a evaluar en las resoluciones judiciales en el rubro desempeño judicial, referido a la evaluación de la calidad de las resoluciones, a propósito de la evaluación parcial que pone en práctica la evaluación de desempeño parcial, ahora obligatoria cada tres años y medio en los niveles de Paz Letrado, jueces especializados y mixtos, y jueces superiores. A este respecto, el artículo setenta de la Ley de Carrera Judicial señala que los aspectos evaluados en las resoluciones judiciales, a propósito de las evaluaciones de desempeño, son:

  •  “ Comprensión del problema jurídico y claridad en su exposición;
  • Coherencia lógica y solidez de la argumentación utilizada para sustentar la tesis que se acepta y refutar la que se rechaza;
  • La congruencia procesal; y,
  • El manejo de jurisprudencia pertinente al caso, en la medida de las posibilidades de acceso a la misma.

La conclusión inmediata a obtener es que se subraya la necesidad de fortalecer la concepción de un juez con un esquema lógico suficiente, con solidez en la argumentación jurídica que desarrolle, hábil para interpretar las normas y los hechos concurrentes al caso, y que finalmente desarrolle una motivación basada en razones fuertes, suficientes y convincentes. Tengamos en cuenta que necesitamos jueces que convenzan con sus fallos. De esta forma, el justiciable y su abogado, al perder un caso, si bien conservarán su derecho a la pluralidad de instancia y tendrán expedito su derecho a apelar, podrán asumir con legitimidad que deben recurrir al superior mediando buenas razones que no amparan su derecho. En esta forma, se legitima la tarea del juzgador ordinario y constitucional.

 

3.2. Descripción del caso

El tema a tratar, fundamentalmente, consiste en el análisis de las situaciones contradictorias a la argumentación constitucional correctamente ejecutada.

Para ello partimos del análisis principal de la sentencia 00728-2008-PHC/TC, caso Giuliana Llamoja Hilares, expedida por el Tribunal Constitucional con fecha 13 de octubre de 2008, y que en síntesis consiste en una decisión que declara fundado el proceso de habeas corpus interpuesto por la afectada contra la decisión de los Vocales integrantes de la Tercera Sala Penal con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, y contra los Vocales de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la sentencia condenatoria de fecha 26 de julio de 2006, y su confirmatoria mediante ejecutoria suprema de fecha 22 de enero de 2007, ambas recaídas en el proceso penal N.º 3651-2006. En consecuencia, solicita que se expida nueva resolución con arreglo a Derecho, así como se ordene su inmediata libertad. Alega la vulneración de su derecho constitucional a la tutela procesal efectiva que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso, específicamente, los derechos a la defensa y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, así como los principios de presunción de inocencia e indubio pro reo, relacionados con la libertad individual.

 

3.3. Juicio valorativo fáctico de la demandante

Giuliana Llamoja plantea como cuestión fáctica contradictoria que el examen valorativo de los magistrados demandados afecta su libertad individual en la medida que, alega, las sentencias materia de impugnación están basadas en falacias, argucias y premisas falsas que distorsionan el orden de los hechos. Alega la demandante que resulta ilógico que se le hubiere condenado respecto de los hechos producidos en una gresca familiar ocurrida en su domicilio con su señora madre, la occisa, quien recibió 60 heridas con arma blanca, muchas de ellas superficiales, en tanto que ella recibió 22 heridas. Sostiene que el juzgador minimizó las heridas sufridas por ella, en tanto que maximizó las heridas sufridas por la occisa. Afirma, igualmente, que no se ha aclarado cómo se produjo la herida mortal y que hubo distorsión de los hechos, al concluirse que fue ella quien primero cogió el cuchillo, en tanto que realmente fue la occisa quien efectuó la primera agresión con arma blanca.

 

3.4. ¿Cuándo un proceso de habeas corpus es improcedente?

El artículo 5 del Código Procesal Constitucional señala: “1. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado;”

La cita en comento resulta de suma importancia en consideración a que de no verificarse una afectación constitucional manifiesta, es decir, si el hecho determinado objeto de demanda constitucional no ostenta un rango de gravedad sustancial, entonces la vía constitucional no es la adecuada. Y he aquí que resulta prudente hacer mención a la necesidad de que los jueces constitucionales desestimemos los procesos de habeas corpus utilizados como deus ex machina,[24](algo traído desde fuera para resolver una situación), es decir aquellos procesos cuya interposición obedece a una petición de reexamen de las resoluciones emitidas en las instancias de mérito en sede ordinaria.

Ya el Tribunal Constitucional se ha manifestado a este respecto, señalando que[25]: “(…) El Tribunal Constitucional ni los órganos judiciales que conocieron el hábeas corpus tienen competencia para resolver cuestiones de orden penal, pero sí para evaluar si se ha lesionado o no el derecho a la libertad personal u otros derechos conexos. Mediante el hábeas corpus, en efecto, el juez constitucional no puede ingresar a conocer una materia que es de competencia de la jurisdicción ordinaria, sino, únicamente, determinar si, en ese proceso ordinario, se afectó o no un derecho constitucional.”

Este argumento se ve reforzado con la siguiente reflexión del Tribunal Constitucional[26]: “ Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal. “ 

La inferencia válida a efectuar, entonces, reside objetivamente en el hecho de que la justicia constitucional no tiene competencia para determinar cuestiones de fondo en sede penal ordinaria. Y de esta forma, siempre en el juicio valorativo de la sentencia materia de investigación, el juez constitucional no tendrá competencia para determinar si los jueces penales de mérito apreciaron idóneamente o no las pruebas aportadas, vale decir, no podrá argüir en el denominado “contexto de descubrimiento”[27] que refiere Atienza, sino en el “contexto de justificación” propiamente dicho en atención a que es en este último segmento en donde reside la obligación constitucional del juez, de explicar su decisión con razones válidas, suficientes y congruentes.

El Tribunal considera viable el examen de fondo del caso en atención a que estima se ha producido afectación del derecho al debido proceso en su expresión del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, garantía plasmada en el artículo 139 inciso quinto de la Constitución, al no haberse motivado adecuadamente la decisión judicial condenatoria de la Sala Suprema. En tal sentido, asume que tiene competencia ratione materiae para evaluar la legitimidad o no de los actos judiciales invocados como lesivos.

 

3.5. Argumentos del Tribunal Constitucional

3.5.1. Canon para el control constitucional de las resoluciones judiciales  

Señala el Tribunal[28] con relación a este tema: “10. Al respecto, este Colegiado en el Exp. N.° 03179-2004-AA/TC. FJ 23, ha precisado que el canon interpretativo que le permite al Tribunal Constitucional realizar, legítimamente, el control constitucional de las resoluciones judiciales ordinarias está compuesto, en primer lugar, por un examen de razonabilidad; en segundo lugar, por el examen de coherencia; y, finalmente, por el examen de suficiencia.

Examen de razonabilidad. Por el examen de razonabilidad, el Tribunal Constitucional debe evaluar si la revisión del (…) proceso judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado.

Examen de coherencia. El examen de coherencia exige que el Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con (…) la decisión judicial que se impugna (…).

Examen de suficiencia. Mediante el examen de suficiencia, el Tribunal Constitucional debe determinar la intensidad del control constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión [de la resolución judicial], a fin de cautelar el derecho fundamental demandado.”

Constituye fundamento de este criterio de análisis la necesidad de fijar un canon de revisión de las decisiones judiciales. Éstas, por excepción, son revisables, en la medida que se cumplan los supuestos de derecho fijados por el artículo 4 [29] del Código Procesal Constitucional. Habilitada entonces la intervención del órgano constitucional, las decisiones materia de examen deben ser sometidas a una valoración de razonabilidad, coherencia y suficiencia como parámetros interpretativos, siempre bajo la premisa de que se evalúan las decisiones judiciales bajo una perspectiva estrictamente constitucional.

El antecedente de la cita que hace el Tribunal se encuentra en el proceso seguido por Apolonia Ccolcca[30], y sirve de guía, en sede constitucional, para delimitar lo que conocemos como procesos regulares en sede ordinaria. Vale decir, debe quedar claro que la justicia constitucional no puede constituir una cuarta instancia en los procesos y que su habilitación de participación exige, para el caso en mención, resoluciones judiciales violatorias de derechos constitucionales.

 

3.5.2. Motivación exigible

El Tribunal Constitucional señala, entre sus principales argumentos, los conflictos subyacentes a la motivación y describe en el fundamento jurídico sétimo de la sentencia acotada, lo siguiente: “El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.”

En concreto partimos, para el análisis de esta causa, de la necesaria justificación constitucional del derecho a la motivación como elemento intrínseco de todo fallo judicial. Señala Colomer[31]: “La exigencia de motivación ha de contener una justificación fundada en derecho, es decir que no solo sea fruto de una aplicación racional del sistema de fuentes del ordenamiento, sino que además dicha motivación no suponga vulneración de derechos fundamentales”.

La mención al sistema de fuentes implica sujeción al Estado de Derecho, a la ley propiamente dicha. Mas si solo fuera exigible dicha sujeción, no hay duda que retrocederíamos respecto a lo que hoy involucra el Estado constitucional. La exigencia de no vulneración de derechos fundamentales supone un juicio de valoración que necesariamente debe cumplir la decisión judicial. En caso contrario, no supera el examen de validez que supone una resolución debidamente justificada.

 

3.5.3. Escenarios contradictorios a una debida motivación

A continuación detalla el Tribunal cuáles son los escenarios sustancialmente contradictorios[32], respecto a la correcta argumentación constitucional. Y así establece las siguientes categorías:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente.- La inexistencia de motivación supone fundamentalmente que no hay explicación sustancial alguna por parte del juzgador respecto a la controversia. La motivación aparente, por su lado, no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o no se responde a los fundamentos sostenidos por las partes, o de ser el caso, se pretende cumplir formalmente con el mandato de motivación, alegando frases que no ostentan solidez fáctica ni jurídica.

b) Falta de motivación interna del razonamiento.- El Tribunal Constitucional precisa que esta digresión [33]se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.”

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas.- El juez constitucional igualmente queda habilitado para revisar las decisiones de la justicia ordinaria cuando las premisas de las que parte el juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto implica una ausencia de conexión entre la premisa y la constatación fáctica o jurídica que le corresponde en el ordenamiento jurídico, a decir del Tribunal en la forma siguiente[34]: “Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.”

d) La motivación insuficiente.- Aquí observamos un problema de gradualidad, es decir, el juez cumple con motivar pero lo hace de modo insuficiente. Debemos precisar que no se trata de dar respuesta, tampoco, a todas y cada una de las pretensiones de las partes, sino que la insuficiencia resultará relevante, desde una perspectiva constitucional, si la no existencia de argumentos o la expresada insuficiencia de razones, deviene manifiesta en contraposición de lo que fundamentalmente se decide.

e) La motivación sustancialmente incongruente. – La incongruencia en la motivación supone un problema de desviación, o de manifiesta modificación o alteración del debate procesal, a lo que se denomina incongruencia activa. Sin embargo, una simple incongruencia no implica necesariamente una función de control. Por el contrario, la ausencia total de dejar sin respuesta las pretensiones de las partes, o desviar la decisión de la dirección del debate judicial generando indefensión, implica una trasgresión del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia, lo que se trasunta en incongruencia omisiva. En esencia, el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de decidir la pretensión puesta en su conocimiento, no omita, altere o se exceda en la definición de las peticiones incoadas.

 

3.5.4. Contradicciones determinadas por el Tribunal en la sentencia de la Corte Suprema, sometida a examen

3.5.4.1. Falta de corrección lógica

En este aspecto el Tribunal determina carencias de suficiencia y razonabilidad en la sentencia de la Corte Suprema, al asumir ésta que por la desigualdad en el número de heridas- 60 de la occisa frente a 4 por parte de la ahora demandante- el resultado muerte ha sido producido por Giuliana Llamoja en agravio de su madre. El Tribunal incide fundamentalmente en que existe una falta de corrección lógica para determinar el resultado cuando se parte únicamente de la identificación del número de heridas para llegar a la conclusión, sin añadir a este razonamiento premisa de relación alguna para establecer la relación necesariamente lógica entre la afirmación- premisa fáctica- y la conclusión.

En opinión del supremo intérprete, esta apariencia de lógica nos conduce a resultados absurdos e injustos y hacer devenir la sentencia en irrazonable y por tanto, inconstitucional. En atención a ello, la decisión en análisis no se ajusta al principio de interdicción de la arbitrariedad, y no observa el principio de la debida motivación de las resoluciones judiciales que enuncia el artículo 139 inciso 5 de nuestra Carta Magna.

Sin duda, la valoración constitucional del Tribunal constituye una crítica abierta del acotado juicio de corrección lógica emitido por la Sala Suprema. ¿Podemos a su vez juzgar la opinión técnica del Tribunal? En nuestra opinión, no se debe desestimar el juicio valorativo de la Sala Suprema. Puede revestir logicidad mínima que quien causa, en una gresca, 60 heridas, sea el autor del resultado muerte, y que quien acometió 4 heridas, sea la víctima. Las reglas de la lógica bien pueden informar que bastaría una herida mortal inclusive, frente a 60 heridas superficiales y que por el contrario, en el caso en comento bien pudo ser Giuliana Llamoja quien sufriera el resultado muerte si hubiere resultado de necesidad mortal una de las heridas recibidas.

A nuestro juicio, el razonamiento lógico de la Corte Suprema partió de un enunciado de suficiencia al apreciar el número de heridas causadas. Sin embargo, faltó establecer un juicio de valoración lógica para relacionar las heridas mortales con el resultado muerte. Incluso se señala que solo fue una herida mortal la sufrida por la occisa en tanto que 59 heridas resultaron superficiales. Es entonces esta falta de corrección lógica la observación que acota el Tribunal Constitucional.

Respecto del catálogo de contradicciones a la motivación, esta falta de corrección lógica bien puede ser clasificada en el ámbito de falta de motivación interna del razonamiento, conforme al acápite 3.5.3 b) de esta investigación.

 

3.5.4.2. Falta de coherencia narrativa

El Tribunal Constitucional señala en el fundamento jurídico 21 de la sentencia en comento: “El magistrado Román Santisteban, en su voto dirimente, en un primer momento señala que “la occisa agarró “otro cuchillo [el tercero] con el que la atacó [a la acusada, ocasionándole un corte en la región palmar de la mano derecha], dando lugar a que la acusada que portaba un cuchillo de cocina que había cogido anteriormente, comenzó a atacarla, mientras que la damnificada hacía lo mismo”. Sin embargo, en líneas posteriores, sin mediar fundamentación ni explicación alguna, concluye que la occisa privilegió la agresión con un elemento de menor peligrosidad (objeto contundente duro o inclusive sus propios puños), la encausada utilizó primordialmente el arma cortante que portaba en la manos”.

Respecto de este enunciado, el Tribunal determina una contradicción manifiesta entre una y otra premisa, configurándose un discurso que no satisface las reglas de la coherencia y que por ende, incurre en falta de coherencia narrativa.

La acotación del supremo intérprete pretende ser precisa: si en un primer momento la Sala Suprema alega que la occisa agarró un cuchillo y que hirió a Giuliana Llamoja en la mano, quien a su vez agarró otro cuchillo, ¿cómo se podría concluir que la occisa efectuó el ataque contra Giuliana con un elemento de menor peligrosidad, esta vez haciendo referencia a sus puños, si inicialmente se ha afirmado que ambas sostenían un cuchillo?

A nuestro entender, el juicio coherente de la Corte Suprema pudo haber concluido por especificar que ambas participantes- occisa y agresora- hicieron uso de los cuchillos y que en la gresca también ocurrieron golpes con los puños, siempre que se explicite que los golpes inclusive se produjeron si una de las participantes perdió el dominio del arma blanca en determinadas circunstancias de tiempo y espacio.

A juicio del Tribunal, la sentencia de la Corte Suprema “presenta una gruesa incoherencia en su narración”. En tal sentido, “una motivación ilógica e incongruente vulnera el principio de prohibición de la arbitrariedad”.

Veamos ahora: ¿es arbitraria una sentencia que emite conclusiones distintas respecto de sus premisas? A nuestro juicio, sí, salvo excepción objetiva de que las premisas sean modificadas y expliciten un juicio valorativo fáctico diferente. En el caso en comento, resulta objetivo que no podemos en definitiva cerrar el juicio final de análisis del caso, refiriendo el uso de los puños si antes cumplimos con señalar que las participantes usaron cuchillos durante la gresca.

En el tema constitucional, esta falta de coherencia narrativa determina para el Tribunal, que se ha afectado el debido proceso en su manifestación de motivación de la decisión y tal circunstancia, en un proceso penal, resulta violatoria de la libertad personal de la demandante.

 

3.5.4.3. Falta de justificación externa

El Tribunal igualmente acota carencias en la decisión de la Sala Suprema respecto a que no se han expuesto las razones objetivas que sustentan la vinculación de la acusada con el hecho atribuido. En efecto, se precisa que el resultado ha sido causado por Giuliana Llamoja al inferirle a su señora madre, la occisa, una herida cortante en la zona de la carótida izquierda. Al respecto, concluye que no se identifican las razones o justificaciones en que se sustentarían las premisas y la conclusión.

Señala el supremo intérprete que si esta tarea de justificación no se cumple, entonces el hecho atribuido obedecería a un “libre convencimiento” o al “fruto de un decisionismo inmotivado antes que el producto de un juicio racional y objetivo”.

Debemos admitir un grado de dureza en las expresiones del Tribunal y no compartimos tal juicio de expresión. En nuestra opinión, hubiera bastado con señalar la omisión puntual y sobre ello, determinar la enmienda procedimental a realizar. El juicio de valor de la Sala Suprema, es necesario precisarlo, parte de la valoración de pruebas surgidas en el proceso, del examen de los hechos ocurridos y a los cuales el juzgador pretende acceder con la mayor objetividad. Sin embargo, las omisiones procedimentales y de fondo precisamente pueden ser modificadas en la vía que corresponde, como en este caso sucede con la vía constitucional, determinando las correcciones a ejecutar en cumplimiento de los mandatos de motivación de nuestra Carta Magna. No obstante ello, tratándose de poderes del Estado, es necesario que prime una regla de razonabilidad en el enjuiciamiento de valor del grado de desarrollo de una decisión judicial.

En nuestra opinión, ni existe un simple libre convencimiento ni un decisionismo inmotivado, concepción propia de un realismo proponente de la primera impresión o corazonada que pudiera tener el juzgador para resolver, en modo similar al método de Kaplan[35], de primera impresión inicial. A juicio nuestro, la Sala Suprema partió de un juicio valorativo fundado pero faltó explicarlo de mejor forma.

Igualmente existe dureza en el fundamento jurídico 32 de la sentencia al enunciarse: “ 32. Llegado a este punto, este Colegiado Constitucional considera que, definitivamente, la sentencia impugnada no se encuentra dentro del ámbito de la sentencia penal estándar, sino que forma parte de aquellas que se caracterizan por el hábito de la declamación demostrativa de dar ciertos hechos como probados; luego de lo cual tales hechos son declarados de manera sacramental y sin ninguna pretensión explicativa como constitutivos de un ilícito penal como si de una derivación mecánica se tratase.”

Es de notar que el derecho a la libertad de expresión, como derecho fundamental contemplado en el artículo dos inciso cuarto de la Constitución, permite al juzgador igualmente emitir un razonamiento de valor sobre lo producido por otro juzgador, mas la fuerza de la razonabilidad y ponderación en la expresión, conduce a un deber de lealtad en la altura de la expresiones. En nuestra opinión, la más alta investidura de justicia en el Poder Judicial- la Corte Suprema- resume la trayectoria de un magistrado que debe decidir en la más alta instancia. Y no creemos, con objetividad, que en ciertas instancias judiciales se practique el hábito de la declamación demostrativa de dar ciertos hechos como probados. Menos aún que los hechos, en el proceso penal, sean declarados de manera sacramental y sin ninguna pretensión explicativa como constitutivos de un ilícito penal, cual derivación mecánica.

Por el contrario, la implementación de cursos de razonamiento jurídico en todos los niveles de formación de la Academia de la Magistratura- Ascenso, Aspirantes y Actualización- vienen incidiendo en el mejor manejo de herramientas interpretativas y ello es una prueba evidente, palpable e incontrastable. A su vez, los cursos de formación en materias como Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derechos Fundamentales que componen el debido proceso, igualmente han merecido un énfasis por parte de los órganos directivos y académicos del Poder Judicial y de la Academia de la Magistratura. Entonces, creemos con firmeza que el uso de herramientas interpretativas y de manejo de derechos fundamentales, va mejorando ostensiblemente y ello se va proyectando gradualmente en mejores decisiones de los órganos jurisdiccionales.

Creemos, en suma, que podrá mejorar el canon interpretativo de las sentencias del Poder Judicial y que ése es el objetivo al cual apuntala la institucionalidad directriz y académica del Poder Judicial. En tanto, no se condice con la realidad una valoración por cierto matizada en exceso de las decisiones de los juzgadores como la que efectúa el Tribunal Constitucional respecto de la sentencia en comento. Las carencias y falencias que eventualmente pudiera presentar un juicio de valor de un órgano jurisdiccional, deben ser objeto de crítica en una dimensión acorde con la investidura del Despacho observado. Calificativos como los expresados por el Tribunal, a juicio nuestro y dicho esto con sumo respeto, le restan objetividad, horizonte y altura a la valoración constitucional efectuada por el supremo intérprete de la Constitución.

 

3.5.4.4. El examen de la prueba indiciaria

Resulta relevante el análisis que desarrolla el Tribunal con relación a la validez de la prueba indiciaria que sustenta la Sala Suprema. A este efecto, el supremo intérprete desestima que el razonamiento aplicado en la resolución judicial materia de revisión, hubiere observado el procedimiento estándar de determinación de la prueba indiciaria: hecho base o hecho indiciario, que debe estar plenamente probado (indicio); el hecho consecuencia o hecho indiciado, lo que se trata de probar (delito), y entre ellos, el enlace o razonamiento deductivo.

La circunstancia fáctica de que la Sala Suprema hubiere recurrido a una valoración de las reglas de la lógica y máximas de la experiencia, solo en vía de declaración, sin recurrir al necesario enlace lógico, constituye, a juicio del Tribunal, causa eficiente para que quede habilitado el juicio constitucional de valoración del fondo del asunto, siempre en la premisa de que la falta de determinación de los indicios en la forma exigida por los procedimientos estandarizados de aplicación, constituyen afectación sustancial en sede constitucional y permiten un juicio de valor de orden constitucional, amparando la pretensión.

Ahora bien, es pertinente acotar lo importante que resulta en el procedimiento penal la aplicación de los indicios para resolver conflictos penales, mas es pertinente recalcar que ellos exigen un enlace lógico necesariamente racional, pues en caso contrario, los indicios solo constituyen hechos determinados que por sí solos no resultan suficientes para formar un juicio lógico conclusivo. La naturaleza de aplicación de los indicios, exige hechos concomitantes, vinculados entre sí, conforme exigen el Acuerdo Plenario No. 1-2006/ESV-22, conforme pasa a señalar el fundamento jurídico 31 de la sentencia 00728-2008-PHC/TC, en comento: “ 31. Incluso, la propia Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el Acuerdo Plenario N.° 1-2006/ESV-22 (Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y Transitorias), su fecha 13 de octubre de 2006, publicada en el diario oficial “El Peruano”, el 29 de diciembre de 2006 ha establecido como principio jurisprudencial de obligatorio cumplimiento para todas las instancias judiciales (jurisprudencia vinculante) el fundamento cuarto de la Ejecutoria Suprema, recaída en el Recurso de Nulidad N.° 1912–2005, su fecha 6 de setiembre de 2005 que señala los presupuestos materiales legitimadores de la prueba indiciaria, única manera que permite enervar la presunción de inocencia.”

Acota la decisión: “Que, respecto al indicio, (a) éste – hecho base – ha de estar plenamente probado – por los diversos medios de prueba que autoriza la ley -, pues de lo contrario sería una mera sospecha sin sustento real alguno, (b) deben ser plurales, o excepcionalmente únicos pero de una singular fuerza acreditativa, (c) también concomitantes al hecho que se trata de probar – los indicios deben ser periféricos respecto al dato fáctico a probar, y desde luego no todos lo son, y (d) deben estar interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia – no sólo se trata de suministrar indicios, sino que estén imbricados entre sí– (…); que, en lo atinente a la inducción o inferencia, es necesario que sea razonable, esto es, que responda plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia, de suerte que de los indicios surja el hecho consecuencia y que entre ambos exista un enlace preciso y directo”.

De lo expuesto podemos inferir, entonces, que la Sala Suprema no observó las reglas aplicables de relación lógica para la aplicación de la prueba indiciaria. A nuestro juicio, sí existían elementos suficientes para determinar responsabilidad penal en atención a la prueba producida y a las diligencias desarrolladas, mas se omitió trabajar de mejor forma la necesaria motivación penal, y ello dio lugar a que se estimara procedente habilitar la vía extraordinaria del habeas corpus para reparar la patología jurídica producida.

Resulta importante señalar que el Tribunal igualmente desarrolla dos rubros adicionales respecto a la decisión emitida: un enfoque constitucional del derecho fundamental a la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo, por un lado, y por otro, la denegatoria de excarcelación por exceso de detención.

En cuanto al primer aspecto enunciado, debemos destacar que el Tribunal se considera igualmente habilitado para emitir decisión en sede constitucional, en la medida que es necesario verificar la suficiencia de la prueba penal producida. Si verificamos el antecedente inmediato a este juicio respecto a que no se ejecutó el procedimiento estándar para la aplicación de la prueba indiciaria, y por consiguiente, el juicio de valor probatorio resulta falto de justificación, entonces debemos inferir que efectivamente no existe la suficiencia probatoria exigible para condenar a la acusada Giuliana Llamoja, en razón de que la entidad y cualidad de las pruebas generadas, no resulta suficiente para habilitar un juicio de certeza penal respecto a la responsabilidad producida. Por tanto, la presunción de inocencia se mantiene respecto a la acusada en el rango de que no se le puede condenar si no existe la prueba indirecta penal o prueba indiciaria correctamente sustentada.

No obstante lo señalado, a continuación el Tribunal desarrolla los lineamientos de la denegatoria de excarcelación. Si partimos del criterio dispositivo del artículo 1[36] del Código Procesal Constitucional, deberíamos asumir que el efecto restitutivo a determinar, al declararse fundado el proceso de habeas corpus incoado, correspondería a restituir libertad a la actora, dada la afectación de su libertad individual y en definitiva ésta es la pretensión de la parte demandante.

Sin embargo, hay dos aspectos que observar: en cuanto a la nulidad de resoluciones judiciales, el Tribunal Constitucional determina la nulidad de la decisión de la Sala Suprema, quedando subsistentes y con plenos efectos jurídicos los demás actos procesales precedentes, entre los cuales se encuentra el auto apertorio de instrucción, el mandato de detención, la decisión de la Sala Superior que condena a la demandante, entre otros. A su vez, si partimos igualmente de reponer el estado de cosas a la situación anterior a la afectación constitucional producida- juzgamos en este caso la decisión de la Sala Suprema- entonces vuelven las cosas, en forma legítima, al estado de volverse a expedir sentencia por parte del órgano supremo. En tal sentido, no existe razón alguna para conceder libertad a la demandante.

 

3.6. Decisión del Tribunal

El Tribunal declara fundada en parte la demanda de habeas corpus y declara nula la ejecutoria suprema, ordenando a dicha instancia emitir nueva resolución. Igualmente, declara improcedente la demanda en el extremo que la recurrente solicita la excarcelación.

Esto implica para la Sala Suprema, cuya decisión es anulada, emitir nuevo pronunciamiento con observancia de las pautas señaladas por el Tribunal. Se configura la necesidad, por tanto, de satisfacer tanto el juicio de corrección lógica como una coherencia narrativa suficiente. Igualmente, mejorar la justificación externa del fallo, y aplicar los estándares de motivación para la prueba indiciaria.

 

3.7. Implicancias de una sentencia estimatoria en el proceso de habeas corpus

Sin duda, la decisión que ordena expedir nueva resolución constituye un mandato del órgano de control de la Constitución. Y debemos advertir un detalle adicional de relevancia: la decisión de la Sala Suprema es una resolución que goza de la garantía de la cosa juzgada, es decir, constituye per se una decisión revestida de la coertio y executio, lo que supone su ejecución inmediata.

Sobre la cosa juzgada, es importante reseñar que la autoridad de cosa juzgada reside en la sentencia y sus caracteres son la inmutabilidad y la coercibilidad, es decir, que proyecta sus efectos hacia el pasado y hacia el futuro, y las partes se encuentran obligadas a cumplir y hacer cumplir el pronunciamiento judicial sobre el caso juzgado. La res iudicata, de este modo, es una garantía procesal mediante la cual se dota a ciertas resoluciones de una especial claridad que impide que entre las mismas partes se vuelva a debatir sobre el mismo asunto: igual causa (hechos) y objeto (pretensión) y dictarse nueva resolución, constituyendo un principio del debido proceso que da seguridad a las decisiones judiciales.

Se genera, por consiguiente, un principio de inmutabilidad de las sentencias que involucra, igualmente, que el mandato del Juzgador sea cumplido en los términos en que ha sido dispuesto, no correspondiendo se desnaturalice un mandato con la determinación de una alternativa distinta al sentido de la resolución final y a este efecto, constituye deber del Juzgador no dejar de administrar justicia por un supuesto vacío del mandato.

No obstante ello, la sentencia constitucional firme goza de una garantía extraordinaria y es el efecto y acción de quebrar una decisión que constituya cosa juzgada, por afectación de un derecho fundamental. He aquí entonces que es posible apreciar el poder con el cual se ve fortalecida una decisión constitucional.

 

4. Jurisprudencia constitucional vinculada al tema

4.1. Jurisprudencia constitucional nacional

El tema de la argumentación y motivación constituye una preocupación de suyo antigua. En tal sentido, son varios los pronunciamientos constitucionales que inciden en el tema del necesario cuidado del juzgador al emitir sus decisiones. Podemos mencionar, entre otros, los siguientes:

 

4.1.1. STC 01480-2006-PA/TC[37] Caso Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador

Señala el Tribunal en esta decisión: “2. El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios.”

Acota la referida sentencia: “ En tal sentido, en el proceso de amparo, el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos.”

Resulta importante aquí valorar que el examen de la motivación, en sede constitucional, conforme ya lo venimos sustentando, no implica la revisión de los criterios de la justicia ordinaria, sino de un examen de razonabilidad, coherencia y suficiencia de la propia resolución judicial materia de examen. La justicia constitucional no puede significar un mecanismo deus ex machina sino una herramienta excepcional de revisión de resoluciones judiciales, muchas de ellas firmes y que ostentan el beneficio de la cosa juzgada. En consecuencia, el juez constitucional deberá ser cauteloso a fin de determinar cuándo considera competente desarrollar la valoración respectiva estimatoria en sede constitucional.

 

4.1.2. STC 3943-2006-PA/TC[38] Caso Juan de Dios Valle Molina

Esta sentencia constituye la base del enunciado del caso Llamoja, que reproduce en cuáles casos queda delimitado el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la motivación:

  • Inexistencia de motivación o motivación aparente;
  • Falta de motivación interna del razonamiento;:
  • Deficiencias en la motivación externa. Justificación de las premisas;
  • La motivación insuficiente:
  • La motivación sustancialmente incongruente.

Lo reseñado en esta sentencia, reafirma el criterio base del Tribunal Constitucional para determinar los escenarios manifiestamente contradictorios a una buena motivación y en forma complementaria, las circunstancias a las cuales no debemos llegar en el ejercicio de motivación permanente que debemos cumplir los jueces en sede ordinaria y constitucional. Justifica nuestro trabajo, entonces, conocer cuándo ocurren estas circunstancias de incorrecta motivación, a fin de no incurrir en tales situaciones.

 

4.1.3. STC 0090-2004-AA/TC[39]. Caso Juan Carlos Callegari Herazo

Precisa el supremo intérprete a propósito e la motivación en sede administrativa:“La motivación de las resoluciones. “ (…) la motivación debe otorgar seguridad jurídica al administrado y permitir al revisor apreciar la certeza jurídica de la autoridad que decide el procedimiento; para ello no se debe utilizar las citas legales abiertas, que sólo hacen referencia a normas en conjunto como reglamentos o leyes, pero sin concretar qué disposición ampara la argumentación o análisis de la autoridad, como lo establece el apartado 6.3 del artículo 6º de la norma invocada( en referencia a la Ley N.º 27444, del Procedimiento Administrativo General), que dispone que “no son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto”.( énfasis agregado).

Señala igualmente el Tribunal: “En el referido informe se cita a Eduardo García de Enterría y a Ramón Fernández, los cuales sostienen que “(…) La motivación es un medio técnico de control de la causa del acto. Por ello no es un simple requisito meramente formal, sino de fondo; la motivación ha de dar razón plena del proceso lógico y jurídico que ha determinado la decisión (…) motivar un acto administrativo es reconducir la decisión que en el mismo se contiene a una regla de derecho que autoriza tal decisión o de cuya aplicación surge. Por ello motivar un acto obliga a fijar, en primer término, los hechos de cuya consideración se parte y a incluir tales hechos en el supuesto de una norma jurídica; y, en segundo lugar, a razonar cómo tal norma jurídica impone la resolución que se adopta en la parte dispositiva del acto (…) la ley obliga a la administración a motivar sus decisiones, lo que quiere decir, hacer públicas las razones de hecho y de derecho en los cuales las mismas se apoyan”.

La exigencia de motivación no solo es judicial. Se justifica la legitimidad de exigencia de la misma también en sede administrativa. Propiamente el administrado goza del derecho a que la Administración le brinde razones de por qué y bajo cuáles circunstancias, expide una resolución en sede administrativa. La ausencia de motivación constituye una forma de discriminación de los derechos del administrado si establecemos el estándar constitucional exigible al Poder Judicial. En consecuencia, la Administración tiene el deber de explicar sus decisiones, salvo situaciones de excepción vinculadas a temas especiales como seguridad nacional, honor de las personas y otras justificaciones de contexto muy excepcional.

 

4.1.4. STC 3361-2004-AA/TC[40]. Caso Jaime Amado Álvarez Guillén

El Tribunal aborda la relación entre motivación y ratificación de magistrados y señala: “§3. La exigencia de resolución motivada (…) 39. La motivación es una exigencia que si bien es parte de las resoluciones judiciales, debe ser observada en todo tipo de procedimiento, a la luz del artículo 139. °, inciso 5) de la Constitución, como una ‘motivación escrita’, pues, como lo prescribe el artículo 12° de la Ley Orgánica del PJ, todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, es decir, han de incluir expresión de los fundamentos en que se sustentan.”

Manifiesta el Tribunal del mismo modo: “En ese sentido, toda resolución debe ser congruente a fin de calibrar en ella la debida correlación entre los hechos presentados y la base normativa (debe ceñirse al in dubio pro reo, es decir, la interpretación de las normas debe ser a favor del procesado), que sustentan la decisión final y lo que ésta determina. Y es justamente la motivación la que permitirá medir la congruencia en medida adoptada, por constituir un medio eficaz de control sobre la actividad del juzgador que permite la verificación pública de su convencimiento último14.

La motivación en el caso de magistrados ha sufrido una modificación sustancial. Inicialmente, el voto de los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, en los procesos de ratificación desarrollados conforme al artículo 154 inciso 2 de la Constitución, involucraban solo un voto de confianza y como tal, la justificación no era exigible. El Código Procesal Constitucional y el desarrollo jurisprudencial de la exigencia de la motivación, en cuyo caso el proceso Álvarez Guillén aquí reseñado es emblemático, han modificado sustancialmente ese panorama y desde la vigencia de la nueva herramienta procesal constitucional, la motivación en los procesos de ratificación, resulta un derecho de los magistrados. Y creemos que la perspectiva de análisis es puntual en el siguiente aspecto; si el magistrado laboró 7 años al servicio del Estado, concluido ese período, dicho magistrado como ciudadano, tiene derecho a saber por qué no se la ratifica y se determina la conclusión de su contrato de trabajo. A ello apunta la motivación constitucional en el tema de la ratificación de magistrados.

 

4.2. Jurisprudencia comparada

4.2.1. La motivación en el Tribunal Constitucional español

4.2.1.1. Sentencia del Tribunal Constitucional español N. º 229/1988., de fecha 01 de diciembre de 1988

La prueba penal indirecta o prueba de indicios constituye un tema de referencia trascendental en la sentencia materia de análisis, en consideración a que, como hemos apreciado, de no mediar una justificación razonable respecto a la prueba indiciaria recogida, entonces existe un conflicto directo con el derecho a la motivación y deviene necesario reparar el daño producido concediendo tutela de urgencia a las demandas que imputen violaciones manifiestas en sede constitucional.

Al aludir a las decisiones sobre prueba de indicios en la jurisprudencia comparada, nuestra sentencia en análisis[41] hace una acotación importante y manifiesta: “El Tribunal Constitucional español en la STC N. º 229/1988. FJ 2, su fecha 1 de diciembre de 1988, y también de modo similar en las STC N. º 123/2002. FJ 9, su fecha 20 de mayo de 2002; N. º 135/2003. FJ 2, su fecha 30 de junio de 2006; y N. º 137/2005. FJ 2b, su fecha 23 de mayo de 2005, ha precisado que: “el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, pero para que ésta pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer las siguientes exigencias constitucionales. Los indicios han de estar plenamente probados, no puede tratarse de meras sospechas, y el órgano judicial debe explicitar el razonamiento, en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha llegado a la conclusión de que el procesado realizó la conducta tipificada como delito (…). En definitiva, si existe prueba indiciaria, el Tribunal de instancia deberá precisar, en primer lugar, cuáles son los indicios probados y, en segundo término, cómo se deduce de ellos la participación del acusado en el tipo penal, de tal modo que cualquier otro Tribunal que intervenga con posterioridad pueda comprender el juicio formulado a partir de tales indicios. Es necesario, pues (…), que el órgano judicial explicite no sólo las conclusiones obtenidas sino también los elementos de prueba que conducen a dichas conclusiones y el iter mental que le ha llevado a entender probados los hechos constitutivos del delito, a fin de que pueda enjuiciarse la racionalidad y coherencia del proceso mental seguido y constatarse que el Tribunal ha formado su convicción sobre una prueba de cargo capaz de desvirtuar la presunción de inocencia y, una vez alegada en casación la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, al Tribunal Supremo incumbe analizar no sólo si ha existido actividad probatoria, sino si ésta puede considerarse de cargo, y, en el caso de que exista prueba indiciaria, si cumple con las mencionadas exigencias constitucionales”.

Resulta menester, por tanto, que si debemos trabajar la prueba indiciaria a fin de expedir sentencia en un proceso penal, lo hagamos con la cautela que los procedimientos estándar de prueba penal indirecta exigen. Debemos fijar hechos concomitantes, valederos y firmes que entre sí, puedan hacer surgir un juicio de valor lógico- racional respecto a la propuesta de decisión judicial.

 

4.2.1.2. Sentencia del Tribunal Constitucional español N. º 1145/1987, de fecha 22 de diciembre de 1988

 “Tanto la congruencia, como la motivación del pronunciamiento, constituyen requisitos ineludibles de la función judicial (…). Estos requisitos ha sido constitucionalizados en el artículo 120.3 de la C.E. que aquí ha elevado de rango la legalidad ya vigente antes (…), que exigía y exige que los fallos vayan precisados de “fundamentos”- motivación- para que, formando una unidad lógica con los antecedentes, de un resultado y respuesta judicial ajustada y proporcionada- congruente- es decir, relacionada con las peticiones de las partes- “causa petendi”- y resolviendo todos los puntos sometidos a la decisión judicial. Se aleja así la sentencia judicial del acto de pura decisión para mostrar, tanto el propio conocimiento del “iudex”, como la explanación de las razones dirigidas a las partes, para la satisfacción de su interés, así como el supuesto de un posible recurso de éstas y de un eventual control por otro tribunal, posibilidades que se verían enormemente enervadas si las razones no fueran mínimamente explícitas.(…) Cierto es que, según este T.C. ha dicho, no es exigible una agotadora explanación de argumentos y razones y que, según el caso, es admisible una fundamentación escueta, pero siempre que de ésta aparezca que la decisión judicial responda a una concreta interpretación y aplicación del Derecho ajena a toda arbitrariedad”. (…)

Esta decisión resulta de interés en cuanto se refiere a la necesaria congruencia que debe satisfacer todo pronunciamiento judicial. El Tribunal Constitucional español es enfático al exigir una necesaria relación de correspondencia entre la pretensión y la decisión. Esta obligación, igualmente genera una reducción de la discrecionalidad y el arbitrio del juzgador a quien se le pide se pronuncie respecto a la pretensión “a”, si el petitorio reside sobre la cuestión “a”, y no sobre la pretensión “b”. Sin perjuicio de ello, el principio iura novit curia, a invocar en la premisa de que el juez conoce el derecho, puede ser invocado con la racionalidad que la causa exige, es decir, su intervención tendrá lugar en la medida que se haga necesario determinar una consecuencia jurídica que las partes no hubieran advertido.

Sin perjuicio de lo enunciado, la congruencia permite igualmente un control adecuado de resoluciones judiciales pues el estudio a efectuar de la decisión judicial, tendrá como horizonte inmediato qué fue lo que las partes solicitaron, al incoar sus pretensiones.

 

4.2.1.3. Sentencia del Tribunal Constitucional español N. º 28/1994, de fecha 27 de enero de 1994

 “Las decisiones judiciales en todos los grados jurisdiccionales y cualquiera que sea su contenido, sustantivo o procesal, y su sentido, favorable o desfavorable, han de exteriorizar el proceso mental que ha llevado a la parte dispositiva. (…) La motivación no consiste ni puede consistir en una mera declaración de conocimiento y menos aún, en una manifestación de voluntad que sería una proposición apodíctica, sino que éstas- en su caso- han de ser la conclusión de una argumentación ajustada al tema o temas en litigio, para que el interesado, destinatario inmediato pero no único, y los demás, los órganos judiciales superiores y también los ciudadanos, por qué no, puedan conocer el fundamento, la “ratio decidendi” de las resoluciones. Se convierte así, en una “garantía esencial” del justiciable mediante la cual, sin perjuicio de la libertad del juez en la interpretación de las normas, se pueda comprobar que la solución dada al caso es consecuencia de la exégesis racional del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad. “

El proceso mental del juez resulta aquí un tema de valoración y control cuando se refiere a decisiones judiciales. Dicho proceso mental debe significar no una mera declaración sino todo un procedimiento de justificación de la decisión. Ello convierte a dicho proceso, respetuoso del derecho fundamental a la motivación, en “garantía esencial” para los ciudadanos respecto a la aceptabilidad de las decisiones judiciales, y fundamentalmente, excluye la arbitrariedad del juzgador. El arbitrio irracional del juez, entonces, resulta ajeno a los fines del Estado constitucional, y es tarea del juez constitucional, cuando corresponde, conceder tutela de urgencia frente a las afectaciones manifiestas al derecho a la motivación.

 

4.2.1.4. Sentencia del Tribunal Constitucional español N. º 177/1994, de fecha 10 de junio de 1994

 “La exigencia extrínseca de la sentencia en que consiste la motivación no ha sido cumplida satisfactoriamente en este caso. No hay un razonamiento concreto en torno al supuesto de hecho, sino frases manidas, válidas para cualquier caso e insuficientes por tanto para todos. El error manifiesto en la fundamentación, que hubiese constituido la “ratio decidendi” es una falta de motivación lógica y coherente de la sentencia, la cual, por esta razón, ha de considerarse arbitraria”.

Nos interesa verificar, en el control constitucional que hace el supremo intérprete de la Constitución española, cómo evalúa la decisión jurisdiccional que en el caso aludido, adolece de motivación. Las “frases manidas” a las que alude denotan, con objetividad, que la resolución sometida a control, ha escapado al rigor de justificación decisoria. ¿Cuál es la consecuencia inmediata? Desestimar dicho alegato, haciendo exigible, como en el caso en comento en esta investigación, la emisión de nuevo fallo con observancia escrupulosa de las reglas de motivación exigibles en un Estado constitucional.

 

5. CONCLUSIONES

Creemos razonable, luego del estudio realizado, proponer las siguientes conclusiones.

1. El Estado constitucional supone la defensa de valores amparados por la Carta Magna. Dichos valores, expresados como derechos fundamentales, no son sin embargo absolutos y una de sus principales características es la ductibilidad. Conforme a Zagrebelsky, dicho carácter dúctil implica una permanente revaloración del contexto de justificación de las decisiones en función de los valores y criterios materiales, que en su conjunto, sostienen el Estado constitucional.

2. La resolución de conflictos judiciales complejos presenta un sinnúmero de características normativas y fácticas que pueden conducir, en determinadas circunstancias, a escenarios de inadecuada argumentación o insuficiente motivación, en distintos niveles. Tales situaciones deben ser evitadas por los jueces.

3. Los jueces constitucionales, frente a las infracciones al derecho a la motivación y específicamente respecto de los procesos contra resoluciones judiciales, deben realizar un control de éstas en sede de tutela de urgencia.

4. El control constitucional se realiza a través de la aplicación de principios y técnicas de interpretación constitucional, los cuales a su vez, en determinadas circunstancias, pueden resultar insuficientes para el esclarecimiento de la controversia constitucional, dada la complejidad de discernimiento de los conflictos que afectan derechos fundamentales.

5. En forma complementaria a la aplicación de principios y técnicas, la doctrina constitucional establece un canon de control de resoluciones judiciales, lo que supone los exámenes de razonabilidad, coherencia y suficiencia, con el objeto de determinar la relevancia de las afectaciones constitucionales producidas.

6. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, exp. 3943-2006-PA/TC, caso Juan Valle Molina, y 00728-2008-PHC/TC caso Giuliana Llamoja Hilares, son delimitaciones contrarias al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación, las siguientes situaciones:

  • Inexistencia de motivación o motivación aparente;
  • Falta de motivación interna del razonamiento;
  • Deficiencias en la motivación externa;
  • La motivación insuficiente;
  • La motivación sustancialmente incongruente.

7. Los conflictos de motivación a que aludimos resultan violatorios del derecho a la motivación, contemplado por el artículo 139 inciso 5 de la Constitución y en esencia, trasgreden el ordenamiento jurídico constitucional, sea porque no se brindan buenas razones, o porque las mismas son insuficientes.

8. La sentencia 00728-2008-PHC/TC caso Giuliana Llamoja Hilares, describe un escenario de indebida motivación respecto al caso 3651-2006, correspondiente a la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Las omisiones acotadas por la referida sentencia son las siguientes:

 – Falta de corrección lógica: en la medida que no se respeta la relación necesariamente lógica entre la afirmación- premisa fáctica- y la conclusión.

 – Falta de coherencia narrativa: Implica una contradicción manifiesta en la plasmación justificatoria entre una y otra premisa, configurándose un discurso que no satisface las reglas de la coherencia.

 – Falta de justificación externa: Si la tarea de justificación no se cumple, entonces el hecho atribuido obedece a una indebida justificación por parte del órgano decisor.

9. La sentencia de la Sala Suprema, materia del presente trabajo de investigación, no resulta lo suficientemente razonable en términos de motivación y tal circunstancia, habilita al juez constitucional para emitir un juicio de valor sobre la motivación alegada por la Sala Suprema. A tal efecto, el Tribunal Constitucional ampara la demanda por afectaciones al derecho a la motivación y ordena la emisión de nuevo pronunciamiento.

10. Es nuestra opinión que el deber de lealtad, vinculado al derecho a la libertad de expresión de que gozan los jueces en su condición de ciudadanos, exige una altura de expresiones en la crítica de las resoluciones judiciales. En tal sentido, no estamos de acuerdo con el Tribunal Constitucional cuando en su decisión 00728-2008-PHC/TC, usa frases inapropiadas para referirse al razonamiento lógico- jurídico de la Sala Suprema, cuya decisión es sometida a control constitucional.

11. El derecho a la motivación es contemplado con preocupación en el ámbito constitucional peruano. Diversos fallos del supremo intérprete de la Constitución persiguen desarrollar la motivación como una herramienta de trabajo para los jueces que imparten justicia ordinaria y constitucional.

12. Resulta importante y de suma necesidad, seguir impulsando y más aún reforzar, la impartición de cursos de razonamiento jurídico y argumentación constitucional entre magistrados. Ambas herramientas nos permitirán motivar mejor nuestras decisiones así como evitar escenarios contrarios al deber constitucional de los jueces de brindar buenas razones.

 

 

BIBLIOGRAFÍA

 

AMAG. Recomendaciones técnicas sustantivas a las Universidades para la mejora de la formación de los estudiantes de las Facultades de Derecho que aspiran a la Magistratura. AMAG. Abril de 2008.

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ATIENZA, Manuel. “Las Razones del Derecho. Teorías de la argumentación jurídica”. Palestra editores SAC. Lima, 2004.

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ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho dúctil. Trotta, Madrid, 1995.

ZAVALETA RODRIGUEZ, Roger.La discrecionalidad judicial..querer no es poder” Revista virtual Derecho y Cambio Social No. 14. 2008.

 


[1] Vocal Titular de la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Jefe de la Unidad Académica de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

[2] ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho dúctil. Trotta, Madrid, 1995. Pág. 14.

[3] HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Traducción de Pedro Cruz Villalón. 2da. Ed. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992, pp. 45-47.

[4] STC  5854-2005-Pa/TC. Caso Pedro Lizana Puelles. F.J. 12

[5] HESSE, Konrad. Op cit.

[6] HESSE, Konrad. Op cit.

[7] CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Comentarios al Código Procesal Constitucional. Palestra. Segunda edición 2006. Pág. 247.  

[8] HESSE, Konrad. Op cit.

[9] HESSE, Konrad. Op cit.

[10] STC 6712-2005-PHC/TC Caso Magaly Medina. F.J. 40 a 51.

[11] HESSE, Konrad. Op cit.

[12] STC 00728-2008-PHC-TC Caso Giuliana Llamoja Hilares. F.J. 7.

[13] MATHEUS LÓPEZ, Carlos. Conferencias Razonamiento Jurídico AMAG. Lima, 2008.  

[14] HESSE, Konrad. Op cit.

[15] ZAVALETA RODRIGUEZ, Roger. “ La discrecionalidad judicial..querer no es poder”  Revista virtual Derecho y Cambio Social No. 14. 2008.

[16] ARAGON, Manuel. “El control como elemento inseparable del concepto de Constitución”. Revista española de Derecho Constitucional. Año 7. Número 19. Enero- abril 1987. 

[17] ARAGON, Manuel. Op. cit. Pág. 22.

[18] PRIETO SANCHIS, Luis. “Neoconstitucionalismo y ponderación judicial”. Publicado en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. 5,2001. Pág. 1

[19] ATIENZA, Manuel. “Las Razones del Derecho. Teorías de la argumentación jurídica”. Palestra editores SAC. Lima, 2004. Pág. 14.

[20] GASCON ABELLÁN, Marina. “Los Hechos en el Derecho. Bases argumentales de la prueba”. Marcial Pons, Madrid, 2004. Pág. 191

[21] GASCON ABELLÁN, Marina. Op cit. En referencia a CALAMANDREI, Piero. Proceso y democracia. 1960. Pág. 115.

[22] GASCON ABELLÁN, Marina. Op cit. En referencia a ATIENZA, Manuel. Las Razones del Derecho. Op cit. Pág. 22-23.

[23] Recomendaciones técnicas sustantivas a las Universidades para la mejora de la formación de los estudiantes de las Facultades de Derecho que aspiran a la Magistratura. AMAG. Abril de 2008. Pág. 4

[24] «Dios surgido de la máquina», traducción de la expresión griega «απó μηχανῆς θεóς» (apó mekhanés theós). Se origina en el teatro griego y romano, cuando una grúa (machina) introduce una deidad (deus) proveniente de fuera del escenario para resolver una situación. Aforismo expresado en la STC 00728-2007-PHC/TC Fundamento Jurídico 40.

[25] STC 1091-2002-HC/TC Caso Vicente Silva Checa. F.J. 3a

[26] STC 00728-2008-PHC/TC FJ  7c

[27] ATIENZA, Manuel. Op cit. Pág. 31

[28] STC 00728-2008-PHC/TC F.J. 10.

[29] Artículo 4.- Procedencia respecto de resoluciones judiciales:

El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo.

El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva.

[30] STC 03179- 2004-AA/TC Caso Apolonia Ccolcca. F.J. 22 a 24.

[31] COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio. “La motivación de las sentencias. Sus exigencias constitucionales y legales”. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003. Pág. 269.

[32] STC 00728-2008-PHC/TC F.J. 7

[33] STC 00728-2008-PHC/TC. F.J. 7b

[34] STC 00728-2008-PHC/TC F.J. 7c

[35] Citado por ATIENZA, Manuel. Op cit. Pág. 33, en referencia a Martín Kaplan (1983) y su método de información integrada: “El proceso de toma de decisión de un juez o un jurado es el resultado de la combinación de los valores de información y de impresión inicial. El proceso de decisión comienza con la acumulación de las unidades de prueba o información; a ello le sigue el proceso de evaluación en el que a cada ítem informativo se le asigna un valor en una escala específica para el juicio que se está desarrollando; el tercer paso consiste en atribuir un peso a cada información; luego se integra la información evaluada y sopesada en un juicio singular como por ejemplo, probabilidad de culpabilidad; y, finalmente, se toma en cuenta la impresión inicial, esto es, los prejuicios del juez o del jurado que pueden provenir tanto de condiciones situacionales como de condiciones asociadas con su personalidad.” 

[36] Artículo 1.- Finalidad de los Procesos

Los procesos a los que se refiere el presente título tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo.

Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda precisando los alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda, y que si procediere de modo contrario se le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 22 del presente Código, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.

 

[37] Fundamento jurídico 2

[38] Fundamento jurídico 4

[39] Fundamento jurídico 31

[40] Fundamento jurídico 39

14 En doctrina se señala que la motivación representa propiamente el razonamiento del juez respecto al juicio de razonamiento previo a toda decisión [Taruffo, Michele. La motivazione della sentenza civile. Padova, Cedam, 1975. p. 119].

[41] STC 00728-2008-PHC/TC. F.J. 30.

Un comentario el “Problemas de motivación en sede constitucional

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