Johan Quesnay

espacio de difusión y debate de temas jurídicos

El Poder Judicial dentro del Estado Constitucional de Derecho

with one comment

LA FUNCIÓN DUAL DEL PODER JUDICIAL DENTRO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO

MG. JOHAN MITCHEL QUESNAY CASUSOL[1] 

RESUMEN

El Poder Judicial es una de las organizaciones pilares para el adecuado funcionamiento de un Estado moderno. Empero, ello le ha planteado a su vez una función adicional a la tradicional – y harto cuestionado- de sólo administrar justicia, como es la defensa de la constitucionalidad a través del control difuso de las normas o actuaciones de los entes públicos y actores privados.

El presente ensayo tiene por finalidad profundizar la afirmación desarrollada en el párrafo precedente, explicando precisamente el contenido de dichas funciones duales y su proyección en la sociedad; tema de suma relevancia por cuanto un mayor conocimiento del papel importante que desempeña el Poder Judicial dentro del Estado posibilitará una mejor comprensión de su labor y a través de ello un mayor compromiso de la sociedad en la defensa de la constitucionalidad y administración de justicia.

PALABRAS CLAVES: ESTADO CONSTITUCIONAL. PODER JUDICIAL. CONSTITUCIONALIDAD.

 

ABSTRACT

The judiciary is one of the pillars for the proper functioning of a modern state. However, this has in turn raised an additional function to the traditional – and very challenged-only administer justice, as is the defense of the constitutionality diffuse through the control of the rules or actions of public and private actors.

The test is developed to expand on the statement in the preceding paragraph, explaining exactly the content of these dual functions and its projection in society, extremely important issue because a better understanding of the important role of the judiciary within the State enable a better understanding of their work and through this greater involvement of society in upholding the constitutionality and administration of justice.

KEY WORDS: CONSTITUTIONAL STATE. JUDICIARY. CONSTITUTIONALITY

 

1.            TEORÍA LA DIVISIÓN DE PODERES

1.1.         PODERES DEL ESTADO 

Según ARISTÓBULO DEL VALLE, durante la República la comunidad política estaba organizada sobre la base de igualdad de todos los hombres, cuyo gobierno es simple agente del pueblo, elegido por el pueblo de tiempo en tiempo y responsable ante el pueblo de su administración. Es decir, existen tres departamentos de gobierno, limitados y combinados que los desempeñan por mandato y agentes del pueblo. Agrega que esos poderes son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

Por su parte JOAQUÍN GONZÁLEZ ha precisado que la experiencia universal ha sancionado la triple división como las más propia para el cumplimiento de los fines de todo gobierno y como la mejor manera de defender y garantizar los derechos y libertades del hombre, es decir, contra la tentativa de tiranías. El Poder Legislativo puede dictar la ley, alterarla, suspenderla, dejarla sin efecto, según su voluntad y conforme a la Constitución; el Poder Ejecutivo tiene un poder administrador, correspondiéndole cuidar que las leyes se cumplan y se observen; y el Poder Judicial interpreta y aplica las leyes a los casos en los cuales se suscitan conflictos. En otras palabras, el legislativo obra para el futuro, el ejecutivo para el presente y el judicial para el pasado.

Entonces, el principio que caracteriza a la forma republicana de gobierno es la separación del poder único del Estado en tres poderes, divisiones o sectores; sin embargo los tres poderes constituyen en su conjunto el gobierno de la nación, es decir, no puede atribuirse el poder en forma exclusiva ninguno de ellos, aunque en la práctica uno de ellos se atribuye la exclusividad, reconociéndose como “verdadero gobierno” en detrimento de los otros dos. En la Constitución de 1853 se advierte que la situación imponía la creación de un poder ejecutivo con grandes facultades y atribuciones, entonces se apartaron de la Constitución americana para acercarse a la Constitución chilena de 1853, creando un poder ejecutivo unipersonal, individualizado en el Presidente de la Nación. En el inciso y del artículo 86 se decía que el Presidente de la Nación “es el jefe supremo de la Nación y tiene a su cargo la administración general del poder”, sin embargo en la reforma de 1994 se dijo solamente “es el jefe de gobierno”.

 

1.2.         SIGNIFICADOS DE LA DIVISIÓN DEL PODER

En un Estado Constitucional, el elemento esencial de la división de poderes está dado por el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos de 1879, porque, si no hay garantía de los derechos, ni separación de poderes, no hay Constitución; además es un principio irrenunciable tanto en los textos constitucionales, en la jurisprudencia y en la doctrina.

Actualmente, lo que se cuestiona no es la separación de poderes, sino ¿qué es el poder?, ¿cuántos poderes hay?, ¿que significa su división?.

La separación de poderes desde MONTESQUIEU tiene dos significados diferentes:

a)            Como técnica organizativa “neutral” o “abstracta”:

Es una fórmula destinada a restringir el poder y a garantizar la libertad; además con dicha fórmula lo que se pretende es de definir varias funciones del Estado para atribuirle a varios sujetos distintos y separados.

b)            Como propuesta de equilibrio práctico:

Dicho equilibrio permite la coexistencia prácticamente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo; es decir entre el poder del monarca (monarquía constitucional) que representa el poder ejecutivo, el que a su vez también realiza la función de administrar justicia; el poder de la aristocracia terrateniente que estaba representada por la Cámara Alta y el poder del Tercer Estado representado por las Cámaras Bajas.

Posteriormente tuvo cabida el Principio de Legitimación Democrática que es la proclamación de un Estado Democrático así como de la soberanía dl pueblo. Dicho principio al consolidarse como legitimación del poder, la división de poderes como técnica de equilibrio perdió fuerza.

¿Por qué? Porque desapareció la aristocracia como poder político, convirtiéndose en redundante la Cámara Alta quien moderaba a las Cámaras de representación popular; y además porque desaparecieron los poderes políticos de la corona; y ello significó que perdía relevancia el debate sobre “reserva de poder” del Estado Monárquico frente al Parlamento.

La división de poderes en una segunda dimensión tiene un carácter intemporal, traducido en que el “poder frene al poder”; esto significa que el Principio de Legitimación democrática” implica técnica de garantía antes que técnica de equilibrio porque supone alteración del concepto “división de poderes”, ¿por qué? porque no cabría hablar de división de poderes dentro del estado sino de división del poder, poder con una sola fuente: legitimidad popular.

 

1.3.         INCIDENCIA DEL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO EN LA DIVISIÓN DEL PODER

En un Estado Democrático, el objetivo de la división de poderes no es limitar la democracia, sino garantizarla, evitando la concentración del poder.

División significa inexistencia de una jerarquía de mando y pluralidad de instancias estatales autónomas, entendida sólo así la división, el poder frenará al poder.

En el Parlamentarismo Democrático la división no está entre el legislativo y el ejecutivo, sino, entre la mayoría (en el poder) y la minoría (oposición); pero la pregunta surge, Parlamento ¿para qué? Para servir de foro público de manifestación de las críticas de las minorías, foro que se ha magnificado con los medios de comunicación. En otras palabras, el desarrollo de los medios de comunicación lo ha convertido en un foro de discusión y control, sustituyendo al Foro Parlamentario.

Entonces la secuencia es la siguiente: El Parlamento de un Foro de discusión pasó a ser caja de resonancia, cuyos debates se reproducían en la prensa, para posteriormente pasar a ser un lugar en el que se discuten los temas que la prensa ya ha impuesto.

 

2.            EL PODER JUDICIAL

2.1.         CONCEPTO

El Poder Judicial, según RUBIO CORREA[2], “(…) es el órgano del Estado encargado de administrar justicia en el país. Ejercita la función jurisdiccional del Estado que consiste en decir Derecho, es decir, de decir qué dice en concreto el Derecho en los casos sometidos a su resolución. Hace esto mediante resoluciones judiciales, las más conocidas de las cuales son las sentencias”.

La Constitución Política del Perú establece en su artículo 138 que “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.”.

El Poder Judicial es la institución encargada de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos que son los Juzgados de Paz no Letrados, los Juzgados de Paz Letrados, las Cortes Superiores y la Corte Suprema de Justicia de la República.

El Poder Judicial se encuentra rige funcionalmente por la Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que establece su estructura orgánica y delimita sus funciones.

 

2.2.         FUNCIONES

La dilucidación de las funciones del Poder Judicial dentro de un Estado de Derecho, plantea en forma previa precisar que, cuando hablamos de un “Estado Democrático”, necesariamente nos estamos refiriendo a lo que en el ámbito del derecho constitucional se ha dado en llamar “Estado de Derecho”. ALZAMORA VALDEZ nos precisa, con esa pertinencia que lo caracteriza que: “El estado que se rige por una constitución se denomina “Estado de Derecho”, nombre que fue empleado por primera vez por R. Von Mohl en el siglo XIX.

La denominación citada puede emplearse, como lo anota A. E. SAMPAY en dos sentidos: uno lógico formal y otro material o de contenido. Para el primer punto de vista, Estado de Derecho” significa una organización capaz de asegurar un orden jurídico; para el segundo, el Estado democrático y liberal, con su notas propias.

Entendido en su recto sentido, “Estado de Derecho” es aquel que garantiza al hombre su dignidad de persona mediante un sistema de normas de derecho inspiradas en la justicia, el bien común y la seguridad. Todo “Estado de Derecho” debe cumplir con las siguientes exigencias: a) existencia de una Constitución; b) separación del poder constituyente y los poderes constituidos; d) existencia de medios para hacer valer la constitución (habeas hábeas, declaración de anticonstitucionalidad de las leyes, etc; e) efectiva responsabilidad de la administración pública, etc.[3]

Consecuentemente, cuando al responder la pregunta mencionemos al estado democrático, lo haremos en el entendido que nos referimos al Estado de Derecho.

Dentro de un Estado Democrático las funciones que le corresponden al Poder Judicial son básicamente dos: a) administrar justicia; y, b) controlar la constitucionalidad.

 

2.2.1.     ADMINISTRAR JUSTICIA

Respecto a la primera función, diremos que resulta ser la función básica y la más antigua atribuida al Poder Judicial. Y, aunque, como sabemos, inicialmente “ …la teoría clásica no configuró el Poder Judicial” como un auténtico poder equiparado a los otros”[4] , baste recordar que MONTESQUIEU decía “ los jueces no son sino la boca que pronuncia la ley , seres inanimados que no pueden moderar ni su fuerza ni su vigor” ( “la bouche qui prononce les paroles de la loi” “en quelque façon nul” ), es con posterioridad, e incluso más allá de la influencia del positivismo (que privilegia también la aplicación mecánica de la ley), que recién se configura el Poder Judicial como un poder equiparable a los otros poderes. “…La superación del rígido positivismo jurídico, han ido paulatinamente alterando el papel del Poder Judicial, de tal forma que, como dice LOEWENSTEIN, uno de los fenómenos más característicos de la evolución del Estado democrático constitucional ha sido el ascenso del poder del Poder judicial a la categoría de un auténtico detentador del poder del estado de derecho”[5]

Actualmente, en el marco constitucional de los Estados democráticos, la función de administrar justicia que tiene el poder judicial, no se reduce a aplicar la ley únicamente, sino a interpretarla y ,además, a integrarla cuando se presentan vacíos o defectos de la legislación, en cuyo caso, crea derecho.

A propósito, RUIZ ELDREDGE recuerda que: “En algunos sistemas las funciones del órgano judicial alcanzan los más altos niveles: en lo netamente jurídico, en Inglaterra las resoluciones de los jueces dan lugar a la máxima sajona judge made law, es decir reconocer el valor indiscutible de fuente del derecho que, para otros, como los positivistas, es sólo la ley; mientras que para la escuela sociológica predomina la costumbre y también para la escuela histórica” [6]

La Constitución Política del Estado de 1993, aún vigente, consagra de manera inequívoca y expresa la función de administrar justicia, en su artículo 138: “La potestad de Administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el poder judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la constitución y a las leyes. En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior”

En tal sentido, como anota atinadamente CHIRINOS SOTO, “la potestad de administrar justicia constituye una atribución privativa del estado, que éste ejerce a través del Poder Judicial. Si el legislativo tiene como función primordial la creación de las normas jurídicas y el Ejecutivo la de aplicarlas de modo general, al Poder Judicial compete resolver los conflictos y sancionar los comportamientos reprimibles, y aplicar las leyes a los casos específicos que se someten a su conocimiento”[7]

 

2.2.2.     CONTROLAR LA CONSTITUCIONALIDAD

Respecto de la segunda función, se dice incluso que es más trascendente que la primera, porque al Poder Judicial “(…) le toca primordialmente ejercer el control de la constitucionalidad, asegurando la vigencia plena de dicha Constitución contra las desviaciones de quienes lleguen a trasgredirla, tanto desde un punto de vista formal como material”[8]

Sin embargo, es preciso señalar que esta función no siempre es recogida y reconocida como tal en todos los sistemas constitucionales democráticos, puesto que el desarrollo constitucional contemporáneo ha venido a reservar la tarea de “control de la constitucionalidad” en una institución autónoma, denominada Tribunal Constitucional, lo que no impide –obviamente- la existencia de algunas constituciones como la argentina, que delegan la tarea del control constitucional en el Poder Judicial, especialmente en la Corte Suprema.

El control de la constitucionalidad es ejercido en el Perú por el Poder judicial por vía de excepción a través del control difuso que constituye, según RÍOS[9], “(…) aquél en que cualquier tribunal puede declarar la inaplicabilidad de un precepto legal o de inferior jerarquía, que sea contrario a la Constitución, en el caso particular del cual conoce”; sistema contrario pero no excluyente del control concentrado que está reservado a un solo órgano: el Tribunal Constitucional.

El Poder judicial, por vía de excepción, pero no de acción puede, en virtud de lo señalado por el segundo párrafo del Artículo 138 de la Constitución de 1993, declarar la inconstitucionalidad de una ley ordinaria o de una norma de menor jerarquía. Anota, a propósito CHIRINOS SOTO: “El Poder Judicial no tienen facultad en nuestro país para declarar la anticonstitucionalidad por vía de acción. Para eso está el Tribunal Constitucional que, según el artículo 202 de la flamante carta, conoce en instancia única la acción correspondiente”[10]

Aunque en puridad, habría que referirnos a la suerte de mixtura que encontramos en la tramitación de las acciones de garantías constitucionales (sea la acción de hábeas corpus, acción de amparo, habeas data o de cumplimiento) las que son tramitadas en primera instancia ante el poder judicial y si, por ejemplo, una Sentencia expedida en primera instancia, con motivo de haberse promovido una acción de amparo, no es impugnada y constituye cosa juzgada, entonces podríamos decir que en cierta forma el Poder Judicial controló la constitucionalidad, no obstante que la última instancia en los casos de acciones de garantías constitucionales, resulta ser el Tribunal Constitucional.

Viene entonces al caso, recordar lo que EGUIGUREN PRAELI nos dice a propósito: “La Constitución política de 1993 y la LOTC introdujeron algunas novedades y precisiones en las relaciones entre el Poder judicial y el Tribunal Constitucional. Cabe así resaltar los aspectos siguientes:

a)            En los procesos de hábeas hábeas, amparo, hábeas data y cumplimiento, no sólo se dispuso que el TC conozca en última y definitiva instancia, sino que la vía judicial se redujo a dos instancias, quedando eliminada la intervención de la Corte Suprema, salvo cuando se trata de acciones de amparo contra resoluciones judiciales, que necesariamente se inician a nivel de corte superior y culminan en la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Sólo si la segunda instancia del proceso judicial desestima la demanda se podrá recurrir, finalmente, mediante el “Recurso Extraordinario”, ante el TC (LOTC, cuarta disposición transitoria). Obviamente, con esta medida no sólo se acorta la duración de los procesos, sino que se reducen las posibilidades de “roce” entre la Corte Suprema y el Tribunal.

b)            Aunque la Constitución y la LOTC definen al Tribunal como órgano de control de la Constitución y no como el “supremo intérprete” de ésta, debe resaltarse que la propia ley orgánica contiene una norma (copiada del ordenamiento español) que apunta hacia esa última dirección. En efecto, la Primera de sus Disposiciones Generales señala:”Los Jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley y los reglamentos, según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos”(el subrayado es nuestro.

Aportando mayores argumentos a favor de la tesis que apunta al predominio de las interpretaciones constitucionales provenientes del TC, cabría agregar lo dispuesto en otras normas de la LOTC. Así en el Art. 39º se establece: “Los jueces deben aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada por el Tribunal. Los Jueces suspenden la tramitación de los procesos de acción popular sustentados en normas respecto de las cuales se ha planteado demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal hasta que éste expida su Resolución”.

De modo que el criterio de interpretación plasmado por TC tendría que primar y no podría ser contradicho por las instancias del Poder Judicial. Con ello se evitaría la repetición de conflictos anteriormente suscitados , como cuando el TGC desestimó la inconstitucionalidad de alguna ley, no obstante lo cual –en acciones de amparo-algunos jueces o tribunales consideraron inconstitucional la misma norma y dispusieron inaplicarla al caso concreto.

c)            Lo anterior nos lleva al tema del control difuso de constitucionalidad de las normas, que puede ejercer el Poder Judicial a través de cualquier Juez y en todo tipo de procesos. Precisar sus actuales alcances y limites se impone, pues –si nos atenemos a las normas de la LOTC antes citadas- no cabría la inaplicación judicial de una norma cuya inconstitucionalidad haya sido desestimada por el TC.

En consecuencia, la decisión judicial final que disponga la inaplicación de una norma por considerarla inconstitucional, sentencia que tendría que provenir de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, podría optar libremente por esta interpretación sólo en el supuesto que el tema no haya recibido una resolución del TC donde la constitucionalidad de la norma haya quedado confirmada.

En todo caso, sigue siendo una deficiencia de nuestro sistema que, pese a existir el Tribunal Constitucional, no se establezca la obligada elevación a éste de cualquier decisión judicial que pudiera conllevar la necesidad de interpretar y resolver la eventual inaplicación de una norma por calificársela de inconstitucional (la denominada “cuestión de inconstitucionalidad”).

Si se adoptara esta fórmula no sólo se afianzaría el papel rector del TC en materia de interpretación de la Constitución y de la defensa del principio de constitucionalidad de las normas, sino que se evitarían posibles colisiones de criterios entre el órgano judicial y el Tribunal, situación que-por lo demás-podría generar una inconveniente inseguridad jurídica.[11]

Podríamos afirmar que el Poder Judicial en nuestro país si bien no tiene la función exclusiva de controlar la constitucionalidad, coadyuva en dicha tarea, no obstante las atribuciones del Tribunal Constitucional.

Más contemporáneamente, el desarrollo de las democracias europeas luego de la caída de la “cortina de hierro”, ha venido a elaborar la idea de lo que los constitucionalistas de dichos países denominan “Estado Social de Derecho”, entendido éste como una suerte de superación del concepto de “Estado de Derecho”, al que consideran “tradicional” y superado, fundamentalmente por la inclusión del “principio de acceso a la justicia” que consagran sus constituciones. Al respecto conviene precisar que “…el movimiento para el acceso a la justicia debe considerarse como elemento de una filosofía política basada sobre la idea fundamental de la igualdad, pero no de una igualdad meramente formal, en el sentido de una abolición de las distinciones y privilegios jurídicos de nacimiento, o de clase, o de profesión, sino en el sentido de hacer efectiva tal igualdad, por lo menos en cuanto igualdad de oportunidades. Y este es el criterio que diferencia al tradicional “Estado de derecho” del moderno “Estado Social de derecho”, así como se postula, por ejemplo , en el art. 20 de la Ley Fundamental de Bonn, en el Art. 3 de la Constitución Italiana y en el Preámbulo de la Constitución francesa, incorporado en la Constitución vigente de 1958, y reiterado ahora por la Constitución Brasileña de 1988 (por ejemplo, en el artículo 3-III de los “principios fundamentales”. En otras palabras, se postula la idea de l “acceso” como criterio esencial de una concepción social-liberal moderna del Estado, entendido como Welfare State.”[12].

En estos estados, autodenominados como estados sociales de derecho, las funciones del poder judicial son distintas. Así, Francisco Fernández Segado considera que: “La aparición del “Welfare Government” y el paralelo incremento de la interdependencia socioeconómica de grupos, categorías y clases de ciudadanos exigen… un correspondiente fortalecimiento y crecimiento de la función de “protección judicial” contra el tremendo poder del “omnipresente gobierno”, y de los grupos u organizaciones. De ahí que, como ya sostuviera tiempo atrás Laski, la independencia del Poder Judicial frente al ejecutivo constituya una de las condiciones esenciales de la libertad.

Cuanto hasta aquí se ha expuesto sugiere que en nuestros días la función jurisdiccional no sólo ha visto extraordinariamente potenciada su importancia, sino que ha asumido unas inequívocas connotaciones políticas. Hoy ya no puede seguir manteniéndose el carácter puramente mecánico de la función jurisdiccional. El Juez crea Derecho y como señala CAPELLETTI, lo único que podemos cuestionarnos es el grado de esa labor creadora”[13]

Señala FERNÁNDEZ SEGADO, que “El Poder Judicial, ha pasado a ejercer en nuestro tiempo un conjunto de funciones de extraordinaria relevancia, que van desde el control de la actuación administrativa hasta, incluso, la fiscalización de los actos del mismo Poder Legislativo”.[14].

Consecuentemente, en el Estado social de Derecho, el Poder Judicial, ha adquirido un papel preponderante que podría incluso desequilibrar la tradicional balanza de equilibrio o juego de pesos y contrapesos que fundamentan la división de funciones o poderes en los Estados democráticos, convirtiéndose este poder en un poder preponderante, lo que ha llevado a algunos autores a preocuparse por el peligro de la arbitrariedad judicial. En tal sentido, el propio FERNÁNDEZ SEGADO, cita a FORSTHOFF quien mostraría su preocupación al afirmar que “(…) hoy es el propio Juez quien decide, apoyándose en el derecho, sobre cuándo está él mismo sujeto a la ley y cuándo deja de estarlo”; se ha pasado, en definitiva “ del estado de derecho al estado de justicia” (o judicial).[15].

 

CONCLUSIONES

El Poder Judicial es el órgano del Estado encargado de administrar justicia en el país. Ejercita la función jurisdiccional del Estado que consiste en decir Derecho, es decir, de decir qué dice en concreto el Derecho en los casos sometidos a su resolución. Hace esto mediante resoluciones judiciales, las más conocidas de las cuales son las sentencias.

La potestad jurisdiccional del Poder Judicial es una facultad que nace de la soberanía del Estado y ejercida por éste con carácter de monopolio, a través de Juzgados y Tribunales integrados por jueces y magistrados independientes, que se concreta en aplicar el Derecho a un caso concreto, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.

El Poder Judicial es la institución encargada de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos que son los Juzgados de Paz no Letrados, los Juzgados de Paz Letrados, las Cortes Superiores y la Corte Suprema de Justicia de la República.

El Poder Judicial, dentro de un Estado Democrático, básicamente desempeña dos funciones trascendentales: 1) La función de administrar justicia; y, 2) La función de controlar la constitucionalidad.

 

BIBLIOGRAFÍA

ALZAMORA VALDEZ, Mario.- “Introducción a la Ciencia del Derecho”. Octava Edición. Editorial Sesator .Lima-Perú. Año 1,982.

CAPELLETTI, Mauro.- “Dimensiones de la Justicia en el Mundo Contemporáneo (cuatro estudios de derecho comparado). Traducido por Héctor Fix Fierro. Editorial Porrúa S.A. México. Año 1993.

CHIRINOS SOTO, Enrique.- “Constitución de 1,993. Lectura y Comentario”. Edit. Nerman S.A. Segunda Edición. Lima 1,995.

EGUIGUREN PRAELI, Francisco.- “Estudios Constitucionales”. Editorial ARA Editores. Primera Edición. Perú -Año 2002.

FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “El Sistema Constitucional Español”. Editorial DYKINSON. Madrid – España. 1992.

JORGE ESCOLA, Héctor.- “Legalidad, Eficaciay Poder Judicial”.Editorial De Palma. Buenos Aires –Argentina. Año 1,997.

RIOS A., Lautaro.-“El Control Difuso de Constitucionalidad de la Ley en la República de Chile”. Artículo publicado en http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122002000100021&script=sci_arttext

RUBIO CORREA, Marcial.- “El Sistema Jurídico: Introducción al Derecho”. Octava Edición. Sexta Reimpresión. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica. Febrero – 2006. Lima – Perú.

RUIZ ELDREDGE, Alberto.-“La Constitución Comentada 1979”. Editora Atlántida S.A. Lima-Perú.Año 1980.

 


[1] Magister en Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial. Egresado del Doctorado en Derecho de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Docente de Derecho Empresarial en la Facultad de Derecho de la Universidad Señor de Sipán. 

[2] RUBIO CORREA, Marcial.- “El Sistema Jurídico: Introducción al Derecho”. Ob. Cit. Págs. 56-57

[3] ALZAMORA VALDEZ, Mario.- “Introducción a la Ciencia del Derecho”. Octava Edición. Editorial Sesator .Lima-Perú. Año 1,982, Pág. 207.

[4] FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “El Sistema Constitucional Español”. Editorial DYKINSON. Madrid  1992. Pág. 752.

[5] Ob. Cit. Pág. 753.

[6] RUIZ ELDREDGE, Alberto.-  “La Constitución Comentada 1979”. Editora Atlántida S.A. Lima-Perú.  Año 1980.   Pág. 291.

[7] CHIRINOS SOTO, Enrique.- “Constitución de 1,993. Lectura y Comentario”. Edit. Nerman S.A. Segunda Edición. Lima 1,995. Pág. 284.

[8] JORGE ESCOLA, Héctor.- “Legalidad, Eficacia  y Poder Judicial”.  Editorial De Palma. Buenos Aires –Argentina. Año 1,997. Pág. 150

[9] RIOS A., Lautaro.-“El Control Difuso de Constitucionalidad de la Ley en la República de Chile”. Artículo publicado en Ius et Praxis. [online]. 2002. Volumen 8. N° 1. Agosto – 2006. Págs. 389 – 418. http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122002000100021&script=sci_arttext

[10] Ib. Idem. Pág. 285.

[11] EGUIGUREN PRAELI, Francisco.- “Estudios Constitucionales”. Editorial ARA Editores. Primera Edición. Perú -Año 2002. Págs. 364 al 366.

[12] CAPELLETTI, Mauro.- “Dimensiones de la Justicia en el Mundo Contemporáneo (cuatro estudios de derecho comparado). Traducido por Héctor Fix Fierro. Editorial Porrúa S.A. México. Año 1993, Págs. 90 y 91.

[13] FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco.- Ob. Cit.. Pág. 754.

[14] Ob. Cit. Pág. 753.

[15] Ib. Idem.

Written by jquesnay

julio 30, 2009 a 3:14 pm

Una respuesta

Suscríbete a los comentarios mediante RSS.

  1. q buena investigacion

    si q chebre

    rosarioo

    octubre 20, 2012 at 1:45 am


Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

%d personas les gusta esto: